Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 22 diciembre 2024.

El Gobierno de Honduras debe ser contundente en la lucha contra la impunidad

    Tras la convocatoria internacional que tuvo lugar el pasado 15 de junio, un conjunto de organizaciones sociales, entre las que se encuentra la Confederación Sindical de CCOO y la Fundación Madrid Paz y Solidaridad, han entregado un escrito en la Embajada de Honduras en España planteando, de manera formal, algunas reclamaciones en relación al esclarecimiento del crimen de Berta Cáceres y la paralización de las obras en el río Gualcarque.

    27/06/2016.

    Las organizaciones firmantes se han dirigido a la Embajada para que traslade al gobierno e instituciones relacionadas con la justicia en Honduras la preocupación, malestar e indignación por la trayectoria de violación de los Derechos Humanos, criminalización de la protesta social e impunidad sobre los delitos contra las personas que defienden los derechos humanos en el país.

    Tras el asesinato de Berta Cáceres, que motivó una respuesta internacional unánime, han tenido lugar nuevos crímenes, como el de Nelson Noé García, líder y activista de COPINH, asesinado el 15 de marzo, o el de René Martínez, presidente de la comunidad LGBT de San Pedro Sula, el 5 de junio y con evidentes signos de haber sido torturado.

    El escrito plantea, al igual que se hizo durante la concentración que tuvo lugar frente a la Embajada el pasado 15 de junio, las siguientes reclamaciones:

    1/ que se configure y apoye una comisión internacional e independiente para investigar sobre el repugnante crimen que sufrió Berta Cáceres y que esta comisión sea una experiencia que pueda ser mantenida en el tiempo para luchar contra la impunidad.

    2/ que se paralicen de forma inmediata y duradera las obras hidráulicas del río Gualcarque al haber clarísimos indicios de la relación de la empresa constructora de dichas obras con el asesinato de Berta Cáceres; la lucha del COPINH ha puesto de manifiesto múltiples irregularidades en cuanto al derecho de consulta de la población respecto a la aprobación de las comunidades sobre estos proyectos hidráulicos pero la identificación de personal de la empresa como actores del asesinato rebasa cualquier argumentación posible. Quien asesina no puede enriquecerse con los frutos de sus crímenes.

      •