Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 19 abril 2024.

La salida de las organizaciones sindicales y empresariales del gobierno del sistema de formación, una decisión arbitraria del Gobierno en funciones

    La ley de Formación Profesional para el Empleo y las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional consagran la participación de los agentes sociales en la gobernanza del sistema de formación.

    01/08/2016.
    El gobierno quiere expulsar del gobierno del Sistema de Formación a los agentes sociales

    El gobierno quiere expulsar del gobierno del Sistema de Formación a los agentes sociales

    El Ministerio de Empleo justifica la exclusión de los interlocutores sociales en el órgano colegiado que informa las subvenciones de formación es para “evitar conflictos de intereses, y se ampara en un informe del Tribunal de Cuentas del año 2010, que se basa en una normativa que ya no está en vigor. Sin embargo, desde 2015, los únicos beneficiarios de las ayudas para impartir cursos son los centros y entidades de formación y, por lo tanto, es obvio que no se produce dicho conflicto.

    No existe ningún impedimento legal para que las organizacio nes sindicales y empresariales estén en el órgano que informan las subvenciones de formación. En 2014 la Audiencia Nacional señaló que la participación de los sindicatos más representativos en el órgano colegiado “no atentaba contra la libertad sindical ni implicaba que la gestión de las subvenciones se realizara con falta de transparencia, objetividad y neutralidad” y “se respetaba el esquema procedimental previsto en el artículo 24 de la Ley General de Subvenciones”. Ese mismo año, el Tribunal Constitucional avaló la legislación que regula la participación de los agentes sociales más representativos y declaró “la plena constitucionalidad de la estructura organizativa y de participación del Subsistema de Formación para el Empleo”.

    La legalidad ampara la presencia de los agentes sociales en el órgano que informa las subvenciones, por lo que cabría pensar que el problema es político y que al Gobierno le molesta esta presencia.

    La actuación de los representantes de CCOO en dicho órgano ha sido intachable, aunque en ocasiones haya molestado al Ministerio de Empleo. Así, CCOO votó en contra de la distribución de fondos entre las organizaciones de autónomos por considerar que no se estaba actuando de acuerdo con la legislación vigente y, efectivamente, en estos momentos está imputado un Ex Director de Economía Social y Autónomos. También se votó en contra de la decisión de subvencionar en el año 2013 con 5 millones de euros a la trama de empresas del Sr. Ojeda, dos años después la Inspección de Trabajo encontró irregularidades y supuesto fraude en esas subvenciones. Denunciamos fraude de ley, abuso de derecho y la concentración de subvenciones en pocos beneficiarios en la Convocatoria Estatal de Formación de Jóvenes 2015 y en ese año se advirtió que dos empresas (con propuesta de aprobación 600.000 euros) habían falsificado documentos y pertenecían al nuevo entramado de captación de subvenciones del Sr. Aneri. ¿Son estas actuaciones las que se quieren evitar?

    Como señala, Francisco Moreno, adjunto a la Secretaría Confederal de Formación de CCOO “en algunos casos la concesión de ayudas se ha amoldado peligrosamente a los intereses de las grandes empresas de formación privada o ha favorecido a centros vinculados a determinadas congregaciones religiosas. Si todo se hace correctamente, la presencia de los agentes sociales en el órgano colegiado solo puede aumentar la calidad de las decisiones y aportar transparencia al sistema”

    Para CCOO, la salida de sindicatos y organizaciones empresariales significaría un menosprecio a la participación de los interlocutores sociales establecida en la Ley 30/2015 de Formación Profesional para el Empleo y una bofetada al amplio consenso que se logro en el Parlamento en la aprobación de la citada ley.

    El Gobierno en funciones está todavía a tiempo de enmendar lo que sería una decisión arbitraria que entorpecería el diálogo social. Para ello, debería aprobar en el próximo Consejo de Ministros la propuesta de convocatoria de ayudas que contó con el voto favorable de la Administración General del Estado, las Organizaciones Sindicales y Empresariales y la mayoría de Comunidades autónomas en el Patronato celebrado en la Fundación Estatal el pasado mes de Mayo.

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