El Comité de Libertad Sindical de la OIT, ha constatado la represión del ejercicio de derecho de Huelga en España, y da la razón a la queja interpuesta por CCOO y UGT, en 2014, que denuncia que el articulo 315.3 del Código Penal español y sus aplicación práctica por parte del Ministerio Fiscal vulnera y lo sigue haciendo tras la reforma del 2015, los convenios de la OIT , relativos al derecho de libertad sindical y derecho de huelga.
Las sanciones penales por actos de huelga, las condenas desproporcionadas, la amenaza de prisión, las multas , el tiempo de espera a la fecha del juicio, que sufren las familias, las acusaciones vertidas por parte de las autoridades policiales, el Ministerio Fiscal y determinados órganos de la Jurisdiccion Penal, son los instrumentos que el Gobierno del PP, ha puesto en marcha, para aplicar la reforma laboral de 2012 y para restringir el derecho de huelga y la libertad sindical.
Las reformas laborales han modificado el marco de las relaciones laborales, cuestionando la negociación colectiva y debilitando la acción sindical, simultáneamente al incremento del poder empresarial, la devaluación del empleo , los salarios y las condiciones de trabajo, la reducción en de las prestaciones sociales, el deterioro de lo público, en resumen el aumento de la desigualdad y la pobreza y un profundo retroceso de las condiciones de vida y de trabajo, como todos los estudios y análisis constatan.
El retroceso de las condiciones de vida y de trabajo han supuesto una grave deterioro de la democracia y una restricción de las libertades democráticas.
No hay dos sin tres, el trasvase de las rentas del trabajo a las rentas del capital, debía ir acompañada de una limitación de la democracia, de recortes sociales y de una “criminalización de la protesta” y de la resistencia frente a esas políticas neoliberales.
La Ley Mordaza, el Código Penal, el articulo 315.3, la limitación de las libertades, junto a todo el arsenal jurídico, institucional, mediático,…. son la otra cara de las políticas de austeridad.
Estas actuaciones contra los sindicatos han ido acompañadas de la ausencia de diálogo social y de la negociación colectiva, así como de una hostilidad antisindical y anticolectiva a través de un discurso que ha fortalecido el poder discrecional del empresariado y de las élites económicas y financieras.
Si repasamos los hechos por los que son imputados los trabajadores y trabajadoras , descubriremos la manipulación de los hechos y la exacerbación de las opiniones hostiles contra los trabajadores y contra los sindicatos.
Sin embargo, a pesar de toda la artillería neoliberal, de la época de Thatcher contra los mineros ingleses, los sindicatos permanecen y los sindicatos siguen convocando huelgas para defender los interéses de los trabajadores y sus derechos frente a los poderes públicos y privados, en la negociación de los convenios, contra los despidos, contra los expedientes de regulación
Teniendo en cuenta, la situación general del empleo, el debilitamiento del modelo social, la pobreza y el crecimiento de la desigualdad en sus diversas manifestaciones, el retroceso de las libertades y garantías publicas y la crisis institucional, en general la nueva situación política, es urgente y necesario superar lo ocurrido en los últimos años, y ello exige erradicar las políticas que lo hicieron posible.
La presencia activa del sindicalismo de clase tiene un papel clave en el cambio de las políticas de austeridad y recortes.
El Gobierno debe cumplir los compromisos de indultar a todos los sindicalistas, tal como se comprometieron los anteriores Ministros de Justicia.
La situación que atraviesan los trabajadores, para la defensa de sus condiciones de trabajo, obliga a una reforma urgente del actual marco penal que sanciona el ejercicio del derecho de huelga y exige revisar los criterios de actuación del Ministerio Fiscal, así como la práctica judicial que conduce a una demora rechazable en la tutela judicial de la libertad sindical.
Es hora también de que las fuerzas políticas en el Parlamento, exijan la derogación de estas leyes y conductas dictatoriales, que se pusieron en marcha para frenar y criminalizar la protesta de los trabajadores y trabajadores y adaptar las medidas necesarias que garanticen en nuestro país los derechos fundamentales de libertad sindical y huelga.
No hay democracia sin derecho de huelga.
Libertad y absolución inmediata para Pedro Galeano y todos los compañeros y compañeras, imputados y procesados.