Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 29 marzo 2024.

Salud/ Revista Trabajadora, n. 60 (marzo de 2017)

Derechos sexuales y reproductivos para todas, de Delia Álvarez y Chelo Hernández

    El estudio Derechos sexuales y reproductivos para todas, todas, ¡todas!, realizado por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas quiere reflejar los problemas que, en el día a día, se encuentra la mayoría de las de mujeres que ven cómo sus derechos sexuales y reproductivos no están garantizados ya sea por la ausencia de normativa que los garantice, limitaciones en algún aspecto de la legislación vigente, la aplicación restrictiva de las normas, en muchas ocasiones por la ausencia de recursos que garanticen su implantación u obstáculos sociales, o por las ideas patriarcales que todavía recorren la sociedad.

    16/03/2017.
    Portada del estudio.

    Portada del estudio.

    TODAS LAS PERSONAS independientemente de su edad, situación migratoria, etnia, clase social, nacionalidad, sexualidad, identidad, situación administrativa o diversidad funcional deben poder disfrutar de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Por eso vienen peleando las organizaciones feministas desde hace décadas. Sin embargo, esta no es la realidad, en los últimos años se han producido una serie de contrarreformas sociales apoyadas en leyes que recortan y restringen derechos en muchos campos, y desde luego en lo que se refiere al derecho a decidir, y la toma de decisiones sobre la libertad tanto de expresión como sobre nuestros cuerpos. El estudio Derechos sexuales y reproductivos para todas, todas, ¡todas!, realizado por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas (1) quiere reflejar los problemas que, en el día a día, se encuentra la mayoría de las de mujeres que ven cómo sus derechos sexuales y reproductivos no están garantizados ya sea por la ausencia de normativa que los garantice, limitaciones en algún aspecto de la legislación vigente, la aplicación restrictiva de las normas, en muchas ocasiones por la ausencia de recursos que garanticen su implantación u obstáculos sociales, o por las ideas patriarcales que todavía recorren la sociedad (2). Para la elaboración del estudio se ha recabado información y datos de la situación en varias Comunidades Autónomas sobre seis áreas temáticas, llegando a algunas conclusiones relevantes y planteando algunas exigencias centrales para que todas las mujeres puedan ejercer dichos derechos.

    En lo relativo a la educación sexual, destacamos su inexistencia en la ley actual. La conclusión es evidente: se debe garantizar este derecho en un currículo obligatorio, según los distintos niveles educativos y que recoja los contenidos abordándolos de forma integral.

    En el tema de anticoncepción, la falta de financiación de numerosos métodos anticonceptivos, obliga a las mujeres a costearlos, lo que supone una discriminación hacia quienes no tienen recursos. Por lo que se plantea que se garantice su acceso gratuito a través de los servicios del Sistema Nacional de Salud.

    El aborto debe ser una prestación normalizada en el Sistema Nacional de Salud, atendiendo, en los centros públicos, la demanda de IVE para todas las mujeres (independientemente de su edad, estado civil y situación administrativa) y planteamos la derogación de la reforma del PP (que afecta las mujeres de 16 y 17 años) y la revisión de la ley de autonomía del paciente.

    Debe garantizarse el acceso a las técnicas de reproducción asistida en el sistema sanitario público, para todas las mujeres, sin sufrir tratos discriminatorios por el estado civil y la opción sexual adecuando los protocolos médicos a la diversidad de familias, revisando las normas y procedimientos que no toman en cuenta a las parejas LGTBI para la reproducción asistida.

    De dieciocho Comunidades Autónomas, diez ya tienen una ley que regula la situación jurídica de las personas transexuales, pero la aplicación de estas leyes va lenta, y es inexistente en algunas comunidades autónomas. Las actuales leyes plantean importantes problemas, sobre todo en su aplicación al depender del criterio de cada profesional; no se ha iniciado la formación de profesionales ni se han dotado a los centros de proximidad, manteniéndose una visión dominante patologizante.

    Durante varios años la violencia sexual ha estado ausente, no en la vida de las mujeres, pero si en la agenda pública. Tanto es así que la denuncia de las violaciones y el seguimiento sobre la atención y recursos para las mujeres que han sido violadas han desaparecido de la agenda y debate público, mientras que el acoso sexual ha quedado circunscrito a los medios sindicales.

    Es necesaria una revisión de la Ley Orgánica 1/2004 de violencia de género que incluya las agresiones sexuales y la trata; que garantice la asistencia y reparación de todas las mujeres que lo requieren independientemente de su situación administrativa, sin que la denuncia sea un prerrequisito para el acceso a los recursos y que vaya acompañada de políticas de equidad en todos los ámbitos. También se plantea incluir en la cartera de servicios sanitarios los centros de atención a las víctimas de violencia sexual, y garantizar su atención en todos los hospitales, sin necesidad de interponer denuncia para la asistencia forense, evaluando y actualizando los protocolos específicos de agresiones sexuales.

    Existe una gran disparidad en cuanto a la atención a la salud sexual y a la salud reproductiva según las CC.AA., e incluso según los centros sanitarios de una misma ciudad. Esto determina que la cobertura a las mujeres no sea la óptima, generando la exclusión de algunos colectivos. En este sentido, se plantea la necesidad de considerar la salud sexual y reproductiva como un derecho universal, y garantizarse en todas las comunidades autónomas en condiciones de igualdad para todas las mujeres (3).

    Delia Álvarez y Chelo Hernández (asamblea@feministas.org) son activistas de la Asamblea Feminista de Madrid.

    (1) Editado en diciembre de 2016 con el apoyo de “Calala” Fondo de Mujeres.

    (2) Esto nos llevó a plantearnos la necesidad de hacer este estudio sobre el estado de los derechos sexuales y reproductivos que nos diera luz sobre la realidad de las necesidades y problemas a los que nos enfrentamos las mujeres para ejercer estos derechos y con la intención de que pueda ser una herramienta útil para los grupos feministas y grupos sociales que defendemos estos derechos.

    (3) El estudio no es exhaustivo, hay temas que no se han podido abordar en toda su complejidad, pero es un primer paso que servirá para ir haciendo un seguimiento de la evolución de estos derechos.

    Salud/ Revista Trabajadora, n. 60 (marzo de 2017).