Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 28 marzo 2024.

Una vez más, el derecho de huelga se sienta en el banquillo de los acusados

    Varios miles de personas han participado en Madrid en una manifestación de apoyo a los sindicalistas Rubén Ranz y José Manuel Nogales para los que la Fiscalía pide 7 años de cárcel para cada uno y una multa de 7.500 euros en el juicio que comienza hoy por participar en los piquetes informativos de la huelga general de marzo de 2012 contra la reforma laboral del Gobierno de Rajoy. “A través de Rubén y Nogales una vez más se está juzgando el derecho de huelga, un derecho fundamental consagrado en la Constitución española”, ha denunciado el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, al inicio de la manifestación que ha acompañado a los compañeros de UGT encausados al Juzgado.

    21/06/2017.
    Manifestación de apoyo a Rubén y Nogales

    Manifestación de apoyo a Rubén y Nogales

    “¿Cómo es posible que en 2017 por participar en un piquete informativo, por participar en una convocatoria de huelga legal, se pueda perseguir a unas personas?”, se ha preguntado Toxo, que ha participado en la manifestación junto a una extensa representación de CCOO. “Siguen practicándose los mismos usos que llevaron al gobierno del PP a aprobar la Ley Mordaza o el mantenimiento del artículo 315.3 del Código Penal que persiguen impedir la movilización de la ciudadanía o la huelga de los trabajadores frente a medidas tremendamente lesivas”, denunció.

    En opinión de Toxo, la pena de 7 años que pide el fiscal es “un disparate”, y cualquier pena que atente contra el derecho de huelga es antidemocrática. “Estoy convencido de que este juicio tendrá un resultado similar al de los 8 de Airbus u otros. No me cabe en la cabeza que un juez en su sano juicio acabe condenando a estas personas”, afirmó, al tiempo que reclamó a “los partidos políticos que den el paso en el Parlamento para corregir estas leyes injustas”.

    Rubén Ranz y José Manuel Nogales forman parte de los más de 300 sindicalistas que desde 2012 han sido encausados en aplicación de un artículo del Código Penal que data del franquismo por participar en las movilizaciones contra las reformas laborales. Se da la circunstancia, que no la casualidad, de que entonces el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid era Manuel Moix, que ha dimitido recientemente como Fiscal Anticorrupción.

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