Hasta noviembre los salarios pactados en convenio suben un 1,43% de media frente a una subida media de los precios de consumo del 2,04%, acumulando una pérdida de poder adquisitivo de seis décimas y de 1,8 puntos en el caso de las pensiones, cuya subida ha sido del 0,25% conforme al Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP). El IRP no es un índice que pretenda mantener el poder de compra de las pensiones ni en relación a los precios ni en relación a los salarios. Es un índice financiero establecido con el objetivo de cuadrar las cuentas de la Seguridad Social, con independencia de la cuantía de la pensión. Al cierre del año las pensiones perderán 1,75 puntos de poder adquisitivo comparado con la previsión de inflación media para 2017 (2,0%) del Gabinete Económico de CCOO.

Esta fuerte pérdida de poder de compra de los salarios y pensiones contrasta con el crecimiento de los beneficios empresariales (+4,8% entre enero y septiembre) y de los dividendos (rentas distribuidas de las sociedades no financieras) que en el primer semestre de 2017 se incrementan un 10,1%. Los beneficios empresariales triplican el crecimiento de los salarios pactado en la negociación colectiva y los dividendos lo multiplican por siete. La economía está creciendo, se han recuperado ya los niveles previos a la recesión, pero la recuperación está muy desigualmente repartida, el empleo no se ha recuperado y los salarios no están participando de igual forma que las rentas del capital.

Esta evolución negativa se explica por la cerrazón de las organizaciones empresariales a permitir que las y los trabajadores participen de la prosperidad de las empresas, por una reforma laboral diseñada para devaluar los salarios y cuya presión se mantiene también durante la recuperación, por una política económica que prioriza la amortización de la deuda de las empresas a la rebaja del desempleo, y por la falta de un presupuesto público que impulse el crecimiento económico.

La variación interanual de los precios en noviembre es del 1,7%, una décima más que en octubre. El índice general aumenta su divergencia con la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni energía) que se recorta una décima hasta el 0,8%(ver gráfico adjunto). La baja inflación estructural, con la inflación subyacente por debajo de uno por cien, es un motivo de preocupación, pues refleja el menor impulso de la demanda interna, provocada por una baja participación de los salarios en el crecimiento y un bajo impulso de la inversión pública, lo que se traduce en menos empleo y una reducción más lenta del elevado paro. El crecimiento económico se mantiene en el 3,1% gracias al impulso de la demanda externa, pero las mejoras en el sector exterior se filtran poco al resto de la sociedad debido a que las exportaciones están muy concentradas en pocas empresas, que pagan pocos impuestos, son menos intensivas en trabajo e importan gran parte de sus factores productivos, lo que no genera empleo en España.

El aumento de una décima de la variación interanual de los precios en noviembre se explica por la subida de los carburantes y el gasóleo para calefacción este mes, mientras que el año pasado bajaron, y aumenta la brecha entre el índice general de precios y la inflación subyacente. La subida de los precios está siendo mucho más elevada en consumos básicos de las familias tan relevantes como carburantes y combustibles (7,1%), alimentos frescos (4,3%), calefacción, alumbrado y agua (4,2%), fruta fresca (8,0%), legumbres y hortalizas (7,5%) o aceite (9,0%), lastrando seriamente su poder adquisitivo.

Los precios registraron en noviembre un subida mensual del 0,5% respecto a octubre, impulsados por vestido y calzado, carburantes y electricidad.

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sube una décima en noviembre hasta el 1,8%anual en España, y mantiene la distancia con el dato de la eurozona, que también sube una décima hasta el 1,5%. La baja inflación y consolidar el crecimiento económico europeo aconsejan no eliminar la política monetaria expansiva del BCE y aplicar una política presupuestaria expansiva en el conjunto de la UE que supere la austeridad e impulse el crecimiento y el empleo, para reducir los 16 millones de personas en paro de la eurozona, la cuarta parte en España.

Fortalecer la negociación colectiva para que los trabajadores y trabajadoras participen de los beneficios de las empresas y acabar con la precariedad en el empleo, exige reequilibrar la capacidad de negociación entre las partes, derogando las dos últimas reformas laborales

El crecimiento económico en España se situó en el 3,1% anual en el tercer trimestre de 2017. Los ingresos y beneficios empresariales continúan creciendo porque las empresas se quedan con una mayor parte del valor añadido, gracias a la devaluación de los salarios provocada por la crisis y la reforma laboral, y debido a que no están permitiendo que ahora los salarios participen de manera suficiente de las mejoras de productividad. Es necesario que el crecimiento y los mayores beneficios se repartan ahora de forma más justa, a través de más puestos de trabajo, de empleo más estable y de salarios que ganen poder de compra. La creación de empleo y el aumento del poder adquisitivo de salarios y pensiones son los dos factores que más hacen por consolidar el crecimiento y su sostenibilidad, gracias a la rebaja de la desigualdad que generan. Los datos provisionales de 2016 indican que 10,2 millones de trabajadores y trabajadoras contaron con un convenio colectivo y ganaron poder adquisitivo, gracias a una subida media (1,0%) muy superior a la inflación media (-0,2%). En 2017, hasta noviembre, los convenios colectivos cubren ya a 6,9 millones de trabajadores y trabajadoras, con una subida salarial media[1] del 1,43%, seis décimas menos que la subida media del IPC hasta noviembre y solo un 21% de esta población asalariada cuenta con clausula de garantía salarial en su convenio.

Impulsar los salarios de los trabajadores y trabajadoras públicos y privados y la mejora de la protección social, que eviten la pobreza laboral, permitan una vida digna y contribuyan a garantizar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones.

CCOO defiende que el crecimiento de la actividad económica debe servir para aumentar los salarios tras la fuerte devaluación interna sufrida durante la recesión y que continúa también durante la etapa de recuperación. Los beneficios empresariales ya superan en un 4,7% su nivel anterior a la crisis lo que proporciona un margen que debe ser utilizado para recuperarnos de los durísimos efectos de la devaluación salarial. Las subidas salariales negociadas deben garantizar una mejora del poder adquisitivo y los convenios colectivos deben incluir una cláusula de garantía salarial. En el área pública, Comisiones Obreras insta a recuperar el empleo público perdido, eliminar la restricción de la tasa de reposición en todos los sectores públicos y rebajar las altas tasas de temporalidad. CCOO defiende recuperar los derechos arrebatados a las y los empleados públicos, basada en una negociación colectiva real en el sector público que permita la mejora de los salarios tras años de pérdida de poder adquisitivo. La oferta extraordinaria de empleo público supone una respuesta a la presión ejercida por los sindicatos, aunque sigue siendo insuficiente para recuperar el empleo público perdido durante la crisis.

En esta salida de la recesión no debemos permitir que sigan aumentando los niveles de pobreza y desigualdad. Se debe garantizar el poder adquisitivo de las pensiones con una subida según la inflación prevista. Urge incrementar los salarios más bajos mediante la mejora sostenida del Salario Mínimo hasta alcanzar los 1.000 euros antes del final de la legislatura y aproximarse al objetivo del 60% del salario medio, así como concentrar los incentivos a la contratación en las personas paradas de larga duración, para evitar que la mejora del SMI recorte sus oportunidades de empleo. Hay que promover un Plan de Choque por el Empleo para crear urgentemente puestos de trabajo para la población en paro de larga duración, población joven sin o poca cualificación y mayores de 55 años, así como aumentar la protección social, en particular de las personas desempleadas cuya tasa de cobertura está en mínimos. En este sentido, hay que poner en marcha un “Plan de Choque para la Recuperación de los Parados de Larga Duración” y redefinir el, hasta ahora muy insuficiente, programa de Garantía Juvenil e implantar la Prestación de Ingresos Mínimos promovida por CCOO y que se está tramitando en el Congreso de los Diputados.

Es necesaria una verdadera reforma fiscal progresiva, alejada de las últimas reformas regresivas que reducen la recaudación y agravan los recortes.

Hay que incrementar los ingresos públicos y de la Seguridad Social de forma estructural para garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones en el corto plazo al tiempo que a medio plazo se siguen desarrollando medidas en el marco del Pacto de Toledo. Algunas de las medidas que plantea CCOO para incrementar los ingresos y la sostenibilidad de las pensiones pasan por incrementar los ingresos por cotizaciones (eliminando el tope superior de las bases máximas de cotización por contingencias comunes, equilibrando las bases medias de los distintos regímenes, incrementando las bases mínimas a través de la subida del SMI, actuando sobre los tipos, el fraude a la Seguridad Social,…) y financiar con cargo a los presupuestos del Estado, las políticas activas de empleo, gastos de gestión y administración de Seguridad Social y, al menos temporalmente, garantizar transferencias que contribuyan a financiar parcialmente prestaciones, como las de muerte y supervivencia, con impuestos directos y progresivos sobre la renta, el patrimonio y los beneficios empresariales.

La senda de rebaja del déficit público para 2017 impuesta por la Comisión Europea y aceptada por el Gobierno del PP implica más recortes del gasto público, lo que penaliza el crecimiento económico, disminuye el ya de por si lento ritmo de rebaja del desempleo y lastra la recuperación actual. CCOO demanda que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 hagan partícipe a la ciudadanía y la población trabajadora del crecimiento económico. Los Presupuestos deben priorizar políticas que faciliten empleo estable y con derechos, la recuperación del poder adquisitivo de la población trabajadora y pensionista, la calidad de los servicios públicos y la mejora de la protección social. Y deben avanzar hacia el necesario cambio de nuestro modelo productivo, apostando por la industria, las energías limpias, la I+D+i, la educación y la formación. CCOO reclama una reforma fiscal que proporcione recursos suficientes (aproximando nuestra presión fiscal a la media europea) y que reparta las cargas de manera progresiva, aumente la imposición directa y sobre el capital (IRPF, Sociedades, Patrimonio) y fomente el crecimiento y la bajada del desempleo mediante un impulso de la inversión pública que aumente la productividad.

 

[1] La subida alcanza el 1,26% en los convenios firmados antes de 2017 y sube al 1,75% en los firmados en 2017.