Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 24 noviembre 2024.

PGE 2018: acreedores de deuda pública antes que pensionistas y personas en paro

    CCOO considera que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado ayer por el Gobierno, con seis meses de retraso, es el proyecto de un Gobierno sin ideas, inmovilista, que sigue desactivando la iniciativa pública (el gasto público crecerá por debajo del PIB) necesaria para impulsar políticas que resuelvan los graves problemas de desigualdad generados por la recesión.

    04/04/2018.
    CCOO considera que los PGE 2018 son el proyecto de un Gobierno sin ideas

    CCOO considera que los PGE 2018 son el proyecto de un Gobierno sin ideas

    En este sentido, el Gobierno ahonda en la reducción del déficit público, del 3,1% del PIB en 2017 al 2,2% para este año. Una estrategia que supone retrasar la salida del paro de muchas personas y que, una vez fuera del procedimiento de déficit excesivo, ya ni siquiera se justifica con la excusa de una multa impuesta desde Europa. Esta estrategia supone renunciar a un mayor crecimiento y pone a desempleados, pensionistas y a las personas más vulnerables, por detrás de los intereses de los acreedores de deuda pública, que ven como sus garantías de cobro se refuerzan con la caída del déficit público, al tiempo que se retrasa la salida de la crisis de parados y excluidos sociales.

    El Gobierno continúa apostando por su política de vía crucis para los más vulnerables, a pesar de que la tasa de desempleo se sitúa en el 16% (solo superada por Grecia) y la mitad de los desempleados son de larga duración, lo que eleva el riesgo de que el paro se cronifique, si es que éste no se ha producido ya. El gasto en desempleo se sigue recortando en estos presupuestos, a pesar de que su cobertura se mantiene baja (56% en 2017), la protección ha perdido calidad (pesan más los subsidios) y el gasto en políticas activas de empleo por parado es de los más bajos de Europa. Por contraposición, el Ejecutivo continúa recortando los impuestos (en estos presupuestos se estima que en 2.000 millones), a pesar de que su nivel es apreciablemente más bajo que la medida europea, y la rebaja se sumaría a los 12.300 millones de pérdida de recaudación que produjo la reforma fiscal de 2015 y 2016, de claros tintes electoralistas, que casi provocó una sanción desde Europa y que ha supuesto la rebaja acelerada del Fondo de Reserva de las Pensiones.

    Así, trabajadoras, trabajadores y personas desempleadas ven como los presupuestos del Estado no les ayudan a mejorar su situación, manteniéndose los instrumentos de presión sobre las condiciones de empleo y los salarios introducidos por las reformas laborales, a pesar de que las empresas ya no están sobre-endeudadas y ganan 36.000 millones más que durante la anterior bonanza. El desinterés sobre este asunto que afecta tan directamente a la calidad de vida de las personas es tal, que para el Gobierno, la lucha contra la precariedad laboral se resuelve -en uno de los colectivos más castigados por la misma-, introduciendo un complemento salarial en los contratos formativos para los jóvenes, que promete convertirse en otra fuente de precarización.

    Otra muestra de desinterés del Gobierno es aparentar que se hace algo por mejorar la situación de las mujeres en el mercado laboral ampliando los permisos de paternidad, desdeñando medidas de mayor profundidad como las que hemos propuesto desde CCOO.

    Para CCOO, en fin, los PGE siguen sin apostar por una economía más productiva. La inversión pública se recupera a un ritmo insuficiente y continúa centrada en las infraestructuras físicas y la economía analógica, cuando el mundo es cada vez más digital y la competencia se basa en el desarrollo de intangibles. El gasto en I+D, un año más se incrementa en el presupuesto, pero de manera “falsa”, pues se articula principalmente mediante créditos que luego no se ejecutan. La modernización de la economía requiere contar con un sector público fuerte capaz de funcionar como contrapeso de los intereses privado e impulsor de la competitividad y actividades cooperativas. Por el contrario, la estrategia del Gobierno sigue siendo la promover la iniciativa privada frente a la pública, infra-dotando sus plantillas e infra-remunerando a los empleados públicos para facilitar su privatización progresiva.

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