Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 29 marzo 2024.

"No ofrecen soluciones atrevidas, de fondo y a largo plazo a los problemas económicos y sociales"

    El Gobierno ha renunciado a emplear los Presupuestos Generales de Estado (PGE) como instrumento para impulsar el crecimiento y dar soluciones a la precariedad de la mayoría social y los problemas estructurales de la economía española. “Las cuentas públicas del Ejecutivo tan solo ‘venden’ resignación a los ciudadanos y son el retrato de una huida hacia adelante aprovechando la coyuntura favorable del ciclo económico y los vientos de cola de la economía española hasta las siguientes elecciones generales”, según el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

    24/05/2018.
    Los PGE no ofrecen soluciones atrevidas, de fondo y a largo plazo a los problemas económicos y sociales

    Los PGE no ofrecen soluciones atrevidas, de fondo y a largo plazo a los problemas económicos y sociales

    CCOO califica estos Presupuestos Generales del Estado (PGE) como las cuentas públicas de la resignación y el conformismo. El Gobierno parece aceptar el mal escenario de fondo que presenta la economía española, puesto que en estas cuentas, a juicio del sindicato, no encontramos soluciones atrevidas, de fondo y a largo plazo para los problemas económicos y sociales que afectan a la mayoría de españoles. Somos uno de los países europeos que menos empleo (horas trabajadas) ha recuperado de conjunto perdido durante la recesión, y los organismos internacionales apuntan a la baja productividad y la alta desigualdad como dos de las principales amenazas para mantener nuestro crecimiento económico.

    Los PGE llegan seis meses tarde para abordar los importantes retos del país, “pero ya no es cuestión de tiempo. Tras su lectura, parece evidente que el Gobierno renuncia a emplear esta herramienta política y contable como instrumento para impulsar el crecimiento y resolver los problemas estructurales de la economía española. Son unos presupuestos que ‘venden’ resignación a los ciudadanos y que solo pretenden comprar tiempo para aprovechar la coyuntura favorable del ciclo económico hasta las siguientes elecciones generales”, asegura Unai Sordo.

    “La dirección económica elegida conduce a perder el tren del progreso, y va en una dirección de diseño económico low cost y hacia una sociedad fragmentada, precarizada e injusta”, señala el secretario general de CCOO.

    Desde CCOO estamos en profundo desacuerdo con la intención de que España resuelva la salida de la crisis recortando el Estado del Bienestar, precarizando y empobreciendo a la mayoría social y reduciendo los derechos laborales de los trabajadores para trasladar los riesgos de esta lesiva política a la mayoría social. “Es claramente una estrategia perdedora y empobrecedora, que acomoda a los empresarios que, en vez de innovar, prefieren esperar a que el Estado les recomponga los márgenes devaluando las condiciones de trabajo, cuando las cosas vienen mal dadas”, opina Sordo.

    Frente a la resignación del ejecutivo, la movilización social ha conseguido enmendar parcialmente los PGE y, como resultado, el salario de los empleados públicos aumentará un 1,75%, las pensiones se elevarán por encima del 0,25% este año y el que viene, a pesar de la oposición del Gobierno, y el Pacto Contra la Violencia de Género se financiará al 100% desde el presupuesto del Estado. Son dos factores que conforman un bagaje escaso si pretendemos ser ambiciosos pensando en toda la sociedad. “No se ha conseguido evitar otra rebaja fiscal que restará 2.000 millones de euros entre 2018 y 2019, y que se suma a los 10.000 recortados de la recaudación por la anterior reforma fiscal de 2015-2016 para seguir empequeñeciendo los ingresos del Estado”, asegura el líder de CCOO. “Los recortes fiscales siguen llegando a pesar de que los impuestos -sobre todo los directos- son bajos cuando se comparan con Europa o con otros momentos del pasado”, zanja Sordo .

    Y es que si se descuenta el incremento de los precios, el gasto social para 2018 está un 1,2% por debajo del presupuestado en 2010. El gasto social solo aumenta en pensiones (porque la población envejece) y disminuye en todo lo demás. Así, la tasa de cobertura por desempleo es del 56% (78% 2010) y la protección ha perdido calidad. En cuanto a las políticas activas de empleo, en 2017 solo se ejecutó el 86% del presupuesto (766 millones no se gastaron)

    En cuanto a las pensiones, CCOO opina que se está poniendo en duda la viabilidad presente y futura del sistema siguiendo una inercia de criminalización de las personas mayores, instando a un enfrentamiento intergeneracional, “que está en las antípodas del sistema público español”, sostiene Unai Sordo

    En materia de dependencia, el Sistema para la Autonomía y Atención de personas Dependientes SAAD recibe un incremento del gasto de 46 millones, claramente insuficiente cuando 400.000 personas se encuentran en lista de espera y casi uno de cada beneficiarios potenciales tres no recibe atención

    Observamos en CCOO, como esta estrategia se completa con la apuesta por un sector público cada vez más pequeño, como propone el Programa de Estabilidad 2018-2021, que plantea un recorte de su peso (en términos de gasto público) sobre el PIB de 2,4 puntos porcentuales entre 2017 y 2021 (hasta el 38,6%), o de 4,4 puntos con respecto a su nivel en 1996 (43%). Este recorte se está traduciendo en la progresiva pérdida de relevancia de la iniciativa pública en la prestación de servicios básicos, como la sanidad y la educación, que son generadores de igualdad, cohesión y progreso cuando se prestan de manera gratuita y universal.

    Por otra parte, los presupuestos no apuestan suficientemente por la transformación del tejido productivo y la mejora de la productividad. La inversión pública del presupuesto consolidado de la Administración Central alcanzará en 2018 los 7.636 millones de euros, lo que todavía está lejos de los 14.000 millones que se invertían en 2008.

    Además, la inversión destinada a infraestructuras por el Estado junto a los entes y sociedades públicas en 2018 (8.478 millones) se incrementa un 11,5% real con respecto a lo presupuestado en 2017, pero su nivel se sitúa por debajo del alcanzado en los tres años anteriores (2014 a 2016).