CCOO y UGT trasladan a la Ministra de Trabajo la necesidad de debatir propuestas de alcance en materia de pensiones

    En la mañana de hoy ha tenido lugar una reunión de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, con delegaciones de CCOO y UGT encabezadas por los responsables confederales de ambas organizaciones, Carlos Bravo y Adela Carrió, respectivamente, y en la que también han participado los secretarios generales de las Federaciones de Pensionistas y Jubilados de CCOO y UGT, Julián Gutiérrez y Anatolio Díez.

    25/09/2018.
    Reunión de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, con delegaciones de CCOO y UGT

    Reunión de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, con delegaciones de CCOO y UGT

    Los sindicatos han manifestado su intención de abordar con el Gobierno el debate de las medidas más relevantes que las que hasta ahora se han presentado en la Mesa de Diálogo Social por parte del Ejecutivo. Si bien han señalado su disposición favorable a buena parte de las propuestas esbozadas desde el Ministerio en materia de ingresos, las organizaciones sindicales han señalado que se trata de medidas con un alcance presupuestario bastante limitado que queda lejos de las expectativas sindicales y de las verdaderas necesidades del sistema de pensiones.

    Por ello, CCOO y UGT han planteado a la ministra una batería de propuestas que sirvan, verdaderamente, para atender la actual prioridad de reequilibrar la estructura de ingresos del sistema y sean la garantía de sostenibilidad de unas pensiones suficientes y adecuadas.

    Entre las medidas propuestas por las organizaciones sindicales se encuentran el destope de las bases máximas de cotización; la redefinición de los tipos de cotización, trasladando recursos hoy excedentarios en algunas prestaciones hacia las contingencias comunes con las que financian las pensiones; y la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos para que coticen por sus ingresos reales. Junto a ello, se proponen campañas efectivas de lucha contra el fraude en la contratación y la economía sumergida, la promoción del cambio de modelo productivo, programas de activación del empleo, el cumplimiento de los acuerdos que llevarán el Salario Mínimo, al menos a los 850 euros/mes en 2020, y la promoción de un marco de negociación colectiva que garantice un salario mínimo de convenio de 1.000 euros/mes para todos los trabajadores.

    CCOO y UGT han reclamado también la derogación de la reforma de pensiones de 2013. Así, se ha reclamado que quede definitivamente suprimido el Factor de Sostenibilidad en los términos en los que fue impuesto por el Gobierno del PP, y cuya entrada en vigor se encuentra sólo suspendida hasta 2023. Del mismo modo, las organizaciones sindicales han reclamado la derogación del Índice de Revalorización de Pensiones que condenaba a una casi congelación del 0,25%, y su sustitución por la revalorización anual con el IPC registrado por el INE, de forma que garantice, como ya hizo el Acuerdo de Pensiones de 1996, alcanzado en el seno del diálogo social, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y lo haga, contando con el mayor grado posible de acuerdo.

    Junto a ello, el refuerzo de los ingresos de origen presupuestario, exigibles para atender los derechos subjetivos que son las pensiones, en los términos que prevé la Ley General de la Seguridad Social, con aportaciones del Estado, alejándose del artificio contable de prestar dinero desde el Tesoro a la Seguridad Social.

    Estas actuaciones decididas en materia de ingresos, son la antesala necesaria para recuperar el marco de consenso político y social que interrumpió el anterior Gobierno. En ese sentido, los sindicatos han trasladado su preocupación por la falta de acuerdo en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo en relación a la nueva fórmula de revalorización de pensiones. Han reclamado al Gobierno y al conjunto de grupos parlamentarios que busquen espacios de acuerdo, y han recordado que una de las principales garantías de estabilidad del sistema de pensiones, pasa por conseguir el mayor grado posible de acuerdos políticos y con los interlocutores sociales.

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