El Pleno del Comité Económico y Social Europeo (CESE) aprueba cuatro dictámenes presentados por los Consejeros de CCOO

    La 538ª sesión plenaria, que se celebra los días 17 y 18 de octubre en Bruselas, comenzó con un debate con la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de seguridad, Federica Mogherini, sobre el tema “Amenazas exteriores y desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea”.

    Posteriormente, en el transcurso de la sesión, María Nikolopoulou es ponente de los dictámenes sobre Plásticos de un solo uso y sobre Eliminación de los cambios de hora estacionales; José Antonio Moreno presenta un dictamen sobre el Fondo de Seguridad Interior y Javier Doz un dictamen adicional sobre Política económica de la zona euro 2018, que complementa el dictamen aprobado en el Pleno del mes de septiembre sobre el mismo tema.

    18/10/2018.
    Consejeros de CCOO en el CESE [Imágenes tomadas del CESE]

    Consejeros de CCOO en el CESE [Imágenes tomadas del CESE]

    En el dictamen sobre Plásticos de un solo uso (NAT/742), el Comité subraya la necesidad de implicar a los ciudadanos y a todos los agentes políticos, sociales, económicos y medioambientales en un nuevo modelo de producción, consumo y reciclaje, que para ser eficaz y aún más ambicioso debe ir acompañado de una hoja de ruta y algunas otras iniciativas. Entre otras medidas, recomienda valorar cuantas alternativas sostenibles estén disponibles, establecer plazos específicos de biodegradación para los productos, involucrar al sector pesquero y a todas las partes y autoridades interesadas en el desarrollo de un sistema de limpieza de mares y océanos, e intervenir con una estrategia específica para la gestión de lagos y ríos, por donde pasan el 80% de los residuos que llegan al mar. También se propone la introducción de sistemas de etiquetado y trazabilidad para los productos plásticos y una importante labor de transición hacia una producción de productos plásticos más sostenibles, favoreciendo la innovación y el desarrollo de sectores como el bioplástico o el ecodiseño, que podrían contribuir a generar puestos de trabajo de calidad.

    En el dictamen sobre la Eliminación de los cambios de hora estacionales (TEN/685), el Comité toma nota de la propuesta de la Comisión Europea de derogar los cambios estacionales del tiempo pero indica una serie de limitaciones importantes en cuanto al método, los plazos y el contenido. Por estas razones, considera esencial que se conceda más tiempo para el debate y el análisis. Es fundamental alcanzar un amplio consenso entre los ciudadanos y el apoyo unánime de todos los Estados miembros para garantizar una aplicación efectiva, armonizada y consensuada de la propuesta. El CESE reconoce el interés de algunos ciudadanos europeos por derogar el mecanismo actual que establecía un cambio bianual armonizado en el tiempo, como se ha puesto de manifiesto en la reciente consulta pública en línea. El Comité considera que una consulta pública en línea bien realizada es una herramienta que puede proporcionar indicaciones sobre las preferencias del público y complementar los procesos democráticos establecidos. Lamenta que no se haya consultado suficientemente a los gobiernos nacionales y a la sociedad civil organizada antes de la publicación urgente de la propuesta. El Comité señala que el procedimiento de urgencia adoptado por la Comisión ha sido criticado en varios Estados miembros y que los ciudadanos consideran que las prioridades de la UE son otras (crisis económica, desempleo, inmigración, etc.), lo que puede plantear problemas de aceptación social de la iniciativa.

    Respecto al dictamen sobre el Fondo de Seguridad Interior (SOC/601), el Comité considera que la articulación del Fondo de Seguridad debe profundizar en la política preventiva, para lo que es imprescindible contar y colaborar activamente con la sociedad civil, especialmente en la atención y organización de las víctimas, la fiscalización de los actores de seguridad, y la prevención de la radicalización. A tal fin, las dotaciones del Fondo deben ir condicionadas exclusivamente, tanto si son con destino a países de la Unión como a terceros, a instituciones públicas que garanticen efectivamente un escrupuloso respeto de los derechos humanos y el CESE debe ser tenido en cuenta como observador en la creación y desarrollo de este fondo a fin de viabilizar la opinión de la sociedad civil organizada en el ámbito de la UE. Por otra parte, el CESE considera que la seguridad interior de la UE es una cuestión absolutamente transfronteriza que necesita un esfuerzo común multidisciplinar y llama la atención sobre la necesidad de atender específicamente el riesgo que supone la radicalización violenta de grupos de extrema derecha. Además, el CESE cree que es necesario superar la actuación meramente reactiva y profundizar en políticas preventivas, atendiendo a las causas profundas de por qué algunas personas se radicalizan, suponiendo un riesgo para sus congéneres, así como a los mecanismos de financiación de los grupos violentos.

    Por último, en el dictamen adicional sobre la Política económica de la zona euro 2018 (ECO/475), el CESE está de acuerdo con los objetivos de la Recomendación del Consejo y algunas de sus propuestas, pero expresa su desacuerdo con la propuesta de una posición fiscal (orientación presupuestaria) agregada neutra para la zona del euro, así como con la forma en que se formula la recomendación sobre salarios; cree que la política económica de la zona del euro debe diseñarse como parte de un proyecto para reformar la UEM, que supere las deficiencias en su estructura y funcionamiento, y expresa su preocupación por la parálisis en el proceso de reforma y propone una posición fiscal (orientación presupuestaria) positiva para la zona del euro, principalmente impulsando las inversiones en los países con superávits, fiscal y en sus balanzas de pago.

    También considera que las recomendaciones del Consejo deben formar parte de una estrategia de política económica general que utilice como referencia la Agenda 2030, los ODS de la ONU y el Acuerdo de París; cree que la UE y los Estados miembros deben comprometerse más con la lucha contra la pobreza y la desigualdad y por una mayor cohesión social, en particular proporcionando una financiación adecuada para el pilar europeo de los derechos sociales; considera que el esfuerzo por limitar los costos laborales unitarios no debe provenir de reducir o congelar los salarios, sino de un aumento de la productividad, que los interlocutores sociales deben determinar los salarios a través de la negociación colectiva y el diálogo social, y que se deben tomar medidas adicionales para aumentar los salarios más bajos y reducir la precariedad que sufren los jóvenes en particular.

    Por último, plantea que las autoridades europeas deberían comprometerse eficazmente en la lucha contra la malversación de fondos públicos, el fraude fiscal y la planificación fiscal agresiva, el lavado de dinero, los paraísos fiscales y la competencia fiscal desleal entre los Estados miembros.

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