La Cumbre Social exige revertir los recortes de "la década perdida"

    La Cumbre Social Estatal, formada por CCOO y más de 120 organizaciones sociales y sindicales, ha presentado su balance sobre los diez años de crisis y recortes sociales y sus propuestas para recuperar los derechos perdidos con los recortes ejecutados con la excusa de la crisis económica. "Hemos perdido más de una década, en la que hemos retrocedido en materia de justicia social, igualdad y derechos", ha afirmado durante la presentación la secretaria de Política Social y Movimientos Sociales de CCOO, Paula Guisande, quien ha destacado que "es el momento de  recuperar lo perdido, empezando por los derechos laborales arrebatados por las reformas laborales, asegurar unas pensiones dignas y una protección social universal".

    07/11/2018.
    La Cumbre Social presenta su balance

    La Cumbre Social presenta su balance

    Esta plataforma lleva desde 2012 trabajando en la denuncia de la pérdida de derechos sociales. En esta línea, en octubre de 2017 se comprometió a elaborar un informe-diagnóstico sobre el impacto de la crisis, del que se desprende que, a pesar de apreciarse una mejora cuantitativa de la actividad económica y del empleo, el crecimiento se muestra desigual y la recuperación no llega a las mayorías sociales.

    El resultado de ese trabajo colectivo son los dos documentos que se han presentado este miércoles 7 de noviembre en el Congreso de los Diputados. El primero, titulado “Una década perdida. Análisis de 10 años de recortes”, analiza el impacto de los diez años de crisis y denuncia las políticas que durante estos años han erosionado nuestro Estado de Bienestar, arrastrando a miles de familias a la pobreza, deteriorando los servicios públicos, y recortando derechos y libertades con la excusa de la crisis económica.

    El segundo recoge “10 propuestas para recuperar 10 años de recortes”, medidas que las organizaciones de la Cumbre Social entienden necesarias para revertir las desigualdades sociales y alcanzar un Estado de Bienestar socialmente justo e igualitario, con unos derechos sociales básicos garantizados y protegidos por los poderes públicos. Ambos documentos se trasladarán a los grupos políticos para que los tengan en cuenta de cara a sus programas electorales.

     

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