Podríamos haber pensado, si fuéramos ingenuos, que la coincidencia del proceso electoral con dicha celebración era una oportunidad para incorporar en el debate político reflexiones y propuestas para conseguir disminuir las cifras de siniestralidad, para mejorar los mecanismos de información sobre los daños a la salud ocasionados por el trabajo, para apostar por un mayor reconocimiento de las enfermedades relacionadas en el trabajo, para, en definitiva, contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo y vida. Pero asistimos a un olvido generalizado, pocos mensajes, pocos debates alertan de lo injusto que resulta perder la vida y/o la salud en el trabajo. Poco interés despierta, también, en los medios de comunicación cuáles son las propuestas al respecto.

Y sin embargo, los accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo siguen ahí.

Posiblemente las cifras de siniestralidad resultan frías o lejanas para la mayoría de nuestra sociedad y por eso no concitan la atención mediática ni electoral, pero son la expresión más evidente de una violencia estructural que castiga a las trabajadoras y trabajadores, y esto es así porque en general se asume como un coste del sistema productivo o porque se considera imposible prevenirlos.

Pero nada más lejos de la realidad, los daños a la salud en el trabajo se pueden y deben prevenir y las políticas públicas tienen un papel fundamental en este objetivo, por ello resuenan más los silencios sobre la materia en esta campaña electoral.

Según los datos provisionales de las estadísticas del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en 2018 se han producido en nuestro país más de 1,3 millones de accidentes de trabajo, siendo 652 los accidentes mortales registrados, cifras que consolidan unos niveles de siniestralidad inaceptables tras varios años de incremento.

La siniestralidad en nuestro país presentó una importante reducción en los primeros años del siglo XXI, descenso que se ha visto truncado a partir de 2012. Sin duda confluyen diversos factores entre los que destacaría la institucionalización, por las reformas laborales operadas, de modelos de relaciones laborales basados en la precarización del empleo, en la desarticulación de la negociación colectiva, en el refuerzo de la capacidad unilateral del empresario para determinar las condiciones de trabajo y en la dificultad del ejercicio de derechos para amplios sectores de trabajadores y trabajadoras. Todo ello hace muy necesario que los futuros Gobierno y Parlamento acometan reformas que equilibren las relaciones laborales. Sin ese cambio en las condiciones de trabajo, difícilmente atajaremos la sangría de los accidentes laborales y la injusticia de las enfermedades originadas en la exposición a riesgos laborales.

Pero probablemente, además de la precarización de las relaciones laborales, tras el incremento de la siniestralidad laboral esté también un cierto agotamiento del marco preventivo desarrollado por la Ley 30/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, una ley que operó un cambio sustancial en la organización de la prevención en nuestro país pero que posiblemente requiere de una revisión en profundidad tras casi 25 años de vigencia. La próxima legislatura debería, por tanto, acometer la reforma y adecuación del marco normativo en prevención de riesgos laborales a la realidad del mundo del trabajo quizá sería oportuno que para ello se constituyera una comisión parlamentaria.

En cualquier caso, el próximo Gobierno deberá acometer las reformas necesarias e impulsar las políticas públicas que garanticen la seguridad y la salud de toda la población trabajadora, obligaciones contenidas en la propia Constitución Española (art. 40.2 y art. 43) y para cuya consecución me atrevo a proponer algunas políticas ineludibles.

En primer lugar es necesario reequilibrar las relaciones laborales para permitir el ejercicio efectivo de derechos y la democratización de las mismas. La precariedad, el miedo a perder el puesto de trabajo, la insuficiente cobertura en situación de desempleo, juegan un papel fundamental en la presión ejercida sobre las personas en el ámbito laboral, lo que impide la exigencia en el cumplimiento de las obligaciones legales de protección de la salud y está provocando el incremento de ritmos y cargas de trabajo y por tanto, de la intensificación del trabajo, dificultando o impidiendo, al mismo tiempo, el ejercicio de derechos, incluidos los relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.

Es imprescindible extender los efectos del marco normativo de la prevención a todas las actividades, hay que revisar las exclusiones aplicativas de la LPRL, suelen convertirse en un refugio para el incumplimiento generalizado del deber de protección. En el mismo sentido la legislación debe extender sus efectos a nuevas realidades del trabajo que actualmente quedan excluidas por una supuesta inexistencia de laboralidad en la relación objeto del contrato.

También habría que reformular los criterios que regulan la vigilancia de la salud y tender a que los sistemas públicos de salud adquieran un protagonismo mayor en la elaboración de los reconocimientos médicos obligatorios en el ámbito laboral y sobre todo en el reconocimiento de las enfermedades profesionales o relacionadas con el trabajo. El actual sistema por el cual las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social son las responsables del reconocimiento de la enfermedad profesional cuando también a ellas compete el pago de las prestaciones derivadas de dicho reconocimiento, lleva al subregistro que caracteriza nuestro sistema de información. Es fundamental el desarrollo de mecanismos de coordinación con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y las propias CCAA ya que la salud laboral no puede abordarse con rigor si no se articula en el marco de la salud pública, además resulta también imprescindible acometer reformas en la legislación que regula las Mutuas intensificando los controles sobre sus actuaciones y la transparencia.

La vigilancia de la salud, tanto individual como colectiva, es un derecho de los y las trabajadoras y una pieza fundamental de la estructura preventiva. Es necesario proceder a una reforma que garantice dicho derecho y evite el riesgo de convertirse en elemento de discriminación.

Hoy somos muy conscientes que el modelo emanado de la LPRL ha derivado en un sistema absolutamente privatizado de los actores en materia de prevención y quizá convendría revisar las capacidades de las Administraciones Públicas para la consecución del objetivo fundamental que no es otro que la garantía de salud de las personas trabajadoras. Es, sin duda, un debate complejo, pero necesario y urgente. Las entidades públicas quizá deberían adquirir mayores competencias en la ejecución de las obligaciones preventivas pero sin duda, deberían ejercer un mayor nivel de control sobre las mismas, por lo que es necesario potenciar los recursos públicos en las instituciones con competencias en la materia, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y los órganos e instituciones dependientes de las CCAA. Es necesario mejorar la calidad de las actividades de los Servicios de Prevención Ajenos y para ello el reforzamiento de los instrumentos de control son imprescindibles, a la vez que se ponen en marcha mecanismos de transparencia sobre su actividad.

También sería necesario revisar los marcos institucionales de participación regulados en la LPRL, me refiero a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, marcos que han permitido un desarrollo normativo ampliamente consensuado a la vez que han sido mecanismos para la sensibilización, formación e información de la población trabajadora y las empresas en la aplicación de un marco normativo complejo y novedoso, llegando donde las Administraciones no podían llegar. Hoy probablemente haya que revisar los mecanismos de intervención, pero no se puede negar el papel jugado en la implantación de las políticas preventivas.

Por último, tampoco podemos olvidar el papel fundamental que en este sentido deben jugar los y las trabajadoras y sus representantes en el marco de la empresa y la negociación colectiva, exigiendo y ejerciendo los derechos de consulta y de participación en la organización del trabajo y por tanto en la determinación de las condiciones de trabajo. La existencia formal de derechos no garantiza su ejercicio, por lo que es fundamental tomar el control colectivo sobre el mismo y exigir un trabajo sin riesgos.

Son muchos los cambios y debates que proponemos, pero la materia lo exige, aunque tenemos la sensación de clamar en un desierto, el que deja una política preocupada, casi en exclusividad,por los problemas identitarios.