Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 22 noviembre 2024.

UGTSARIO informa sobre la situación en el Sáhara Occidental.

  • [ACTUALIZACIÓN] El informe, en inglés, ha sido difundido por varios sindicatos europeos (CCOO, CCOO, CGIL, CGTP IN, UGT, USO, DGB y ELA) y ha sido enviado a la CES y a la CSI.
  • En el informe anexo, la UGTSARIO expone la explotación y el saqueo de los recursos naturales en el Sáhara Occidental y su impacto en la situación de los trabajadores y trabajadoras saharauis

La Unión General de Trabajadores Saharauis (UGTSARIO) analiza en su informe el expolio sistemático por Marruecos de los ingentes recursos naturales y pesqueros, “en clara contravención de los pactos y decisiones internacionales relativas a los Territorios No Autónomos pendientes de ejercer el derecho a la libre determinación”

20/07/2020.
Antiguos trabajadores en las oficinas de Phosboucraa

Antiguos trabajadores en las oficinas de Phosboucraa

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha afirmado reiteradamente que la explotación y el saqueo de los recursos naturales de los Territorios No Autónomos pone en peligro las tierras de estos últimos, la seguridad y prosperidad de sus habitantes y frena los esfuerzos para eliminar el colonialismo y la discriminación racial, vulnerando, por tanto, los principios de la Carta de las Naciones Unidas y todas las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

Así, señala el informe, “con el saqueo de los recursos saharauis, Marruecos desobedece constantemente los reclamos de la Asamblea General de las Naciones Unidas que insiste en que todas las actividades económicas que se lleven a cabo en territorios no autónomos deben estar destinadas a ayudar a los pueblos de estas regiones a ejercer su derecho a la libre determinación”.

Fosfatos, petróleo, tierras con fines agrícolas, pesca son algunos de los sectores afectados por esta explotación que se prolonga durante más de cuatro décadas y que ha sido ampliamente denunciada por los defensores de los derechos humanos.

Junto a ellos, organizaciones sindicales como CCOO en España, hemos denunciado a lo largo de estos años la privación sistemática de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo saharaui como recuerda este informe. En él se señalan las prácticas y medidas abusivas ejercidas contra los trabajadores y trabajadoras saharauis: despidos arbitrarios, suspensión de empleos y salarios y acoso a activistas políticos y sindicales, en general. Los pensionistas, antiguos trabajadores y trabajadoras saharauis, especialmente aquellos de las minas de fosfatos de Fosbucraa resultaron especialmente afectados y hasta la fecha no se les ha compensado.

La empresa de Fosbucraa, dedicada a la explotación de los yacimientos de fosfatos en el Sáhara Occidental, fue de capital 100% estatal hasta 1977, cuando el Instituto Nacional de Industria vendió la mayor parte de sus acciones a otra empresa estatal marroquí. Esto implica, y así fue recogido en la Ley 27/2011, que el Gobierno está en la obligación de reconocer y compensar los derechos que generaron estos trabajadores, incluidas las pensiones.

Después de las numerosas gestiones realizadas por las organizaciones sindicales CCOO y UGT, el 2 de agosto de 2011, se publicó en el BOE el texto de la Ley 27/2011, sobre Actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social donde quedaron reconocidos sus derechos en la Disposición adicional cuadragésima segunda. El texto daba dos meses de plazo al Gobierno para presentar a la Comisión de Trabajo e Inmigración un informe que recogiera “una relación de las personas saharauis que trabajaban en empresas españolas el 26 de febrero de 1976, momento en el que España se retiró del Sahara Occidental”. Además “de las personas trabajadoras afectadas”, el informe debía incluir “el coste, su fórmula de articulación y los plazos”. Pero a pesar de su reconocimiento el plazo nunca se ha cumplido y las organizaciones sindicales junto a UGTSARIO hemos seguido reclamando su ejecución después de nueve años ya de su publicación.

El informe revisa además el estado de la educación y las instituciones educativas y la inexistencia de centros de estudios universitarios. En cuanto a las cuestiones relativas a los aspectos sanitarios, el informe recuerda los continuos abusos, represalias y acoso que sufre la población saharaui cuando recurre a los servicios sanitarios.

Con este informe, los trabajadores y trabajadoras saharauis piden a la comunidad internacional la asunción de su responsabilidad para con el Sáhara Occidental en la búsqueda de una solución que garantice el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación mediante la organización de un referéndum justo y libre. Por otra parte, exigen la creación de un mecanismo internacional para la vigilancia de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, y que la Misión de las Naciones Unidas para la Organización del referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) incluya dentro de su mandato el monitoreo de los derechos humanos y el control y la protección de los recursos naturales del territorio.