Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 24 noviembre 2024.

CCOO y organizaciones ecologistas advierten del riesgo de desprotección ambiental y urbanística

    En este último período venimos observando con preocupación, y denunciando, cambios regulatorios en las legislaciones urbanísticas y medioambientales de algunas comunidades autónomas que, con el pretexto de reactivar la economía tras el COVID19, reducen trámites administrativos y podrían dificultar la participación pública y mermar las garantías ambientales.

    29/09/2020.

    Algunos de estos cambios regulatorios urbanísticos tienen por objeto reducir los plazos de tramitación, como en Andalucía, eliminando la participación de determinados órganos administrativos y los informes previos en la tramitación de procedimientos, como en Murcia, o sustituyendo las licencias urbanísticas por meras declaraciones responsables, como la Comunidad de Madrid, entre otras comunidades autónomas que están modificando su legislación.

    En otros casos los cambios afectan a normativas específicamente ambientales, como en Andalucía cuando se sustituyen, en la normativa de gestión integrada de la calidad ambiental, las autorizaciones administrativas por calificaciones ambientales de menor rango y exigencia. O cuando se elimina la obligación del cálculo de la huella de carbono de productos y servicios, prevista en su ley de cambio climático, que es un instrumento importante para avanzar en la reducción de emisiones de las empresas.

    También en Castilla y León han sustituido, en su ley de prevención ambiental, la licencia ambiental por una mera comunicación para determinadas actividades que supone, además de eludir la información pública, pasar de un control previo ligado a un procedimiento administrativo a un control posterior vinculado a un régimen de inspección que no va a permitir vigilar a gran parte de las actividades

    El argumento que se emplea para estos cambios, de que se trata de agilizar trámites administrativos para favorecer la actividad económica, no es aceptable, porque cuando también hay una crisis climática y ecológica, la salida de la crisis no puede ser a costa del medio ambiente o de la protección del territorio. La desescalada debe contemplar también medidas para el cambio de este modelo de crecimiento económico y financiero globalizado que nos ha llevado a la emergencia climática y a una destrucción de la biodiversidad, que también ha influido en la aparición y desarrollo mundial del coronavirus. En este contexto vemos también con preocupación el anuncio del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para la elaboración de un anteproyecto de ley de seguridad jurídica del planeamiento que restringiría la acción pública en materia de urbanismo y evitaría la anulación de un plan urbanístico cuando algún tribunal declarara ilegal alguna de sus partes.

    En una situación como la actual, en la que hay que combinar medidas para afrontar la situación de emergencia climática y ecológica con la protección de las personas que están sufriendo las consecuencias de una profunda crisis económica, hay que apostar por los sectores y empresas que garanticen un verdadero cambio de modelo hacia la sostenibilidad. En este sentido, en el ámbito de la construcción rechazamos una política de vivienda enfocada a una liberalización aún mayor del suelo y a rebajar las garantías del planeamiento urbanístico para promover una carrera hacía otra burbuja urbanística, de las que ya conocemos las consecuencias, sino hacia una reactivación del sector basado en otros parámetros.

    Estos parámetros deberían enfocarse

    - a potenciar la construcción de viviendas de propiedad pública en régimen de alquiler, en el marco de un desarrollo urbanístico sujeto a criterios de protección ambiental y allí donde sea necesario.

    - a la rehabilitación energética de viviendas y edificios, incluidos los públicos, a través de una potente estrategia que introduzca medidas regulatorias y programas para los barrios más vulnerables.

    Las medidas regulatorias deben incluir la introducción de bonificaciones y desgravaciones fiscales y la creación de mecanismos financieros, con intervención pública, para acometer rehabilitaciones sin desembolsos iniciales para los propietarios.

    - a la consideración de los usuarios o consumidores también como productores de energía renovables a través del autoconsumo, incluido el colectivo y las comunidades energéticas. - al desarrollo de infraestructuras para una movilidad sostenible como el ferrocarril convencional, la bicicleta, la electrificación y la interconexión modal en el ámbito urbano.

    - a proteger el suelo público y evitar promover la especulación urbanística en suelos públicos (Ministerio de Defensa, Adif, Sepes, etc.).

    - a la reorientación del actual modelo turístico evitando sus impactos ambientales, especialmente sobre el territorio, la costa y la biodiversidad, y redefinirlo hacia otros segmentos más basados en la rehabilitación, en la puesta en valor del patrimonio rural y en la movilidad sostenible

    Las organizaciones ecologistas y CCOO expresan su compromiso de trabajar conjuntamente para lograr una transición ecológica justa, en la que se potencien aquellas actividades con y empleos en los sectores más sostenibles social y medioambientalmente.

    Documentación asociada

    Carta de CCOO, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO, WWF y Amigos de la Tierra al ministro de Transportes

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    Documentación asociada

    Carta de CCOO, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO, WWF y Amigos de la Tierra al ministro de Transportes