Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 23 noviembre 2024.

El negocio de la prevención de riesgos laborales en España

    24/11/2020.
    El negocio de la prevención de riesgos laborales en España

    El negocio de la prevención de riesgos laborales en España

    El Tribunal de Cuentas fiscaliza la venta de las Sociedades de Prevención en 2015 y detecta brechas en el control del proceso por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, con posibles irregularidades en la adquisición por los directivos de alguna entidad mutual de las acciones a un precio muy inferior al obtenido en una posterior venta en un muy corto espacio de tiempo.

    El Tribunal de Cuentas confirma las sospechas que en su momento manifestamos desde Comisiones Obreras. La entidad fiscalizadora pone en tela de juicio el control público que se hizo en la venta precipitada de las sociedades de prevención y pone la lupa en ciertos casos donde hubo desajuste entre lo que se presentó a la Administración como valor del bien a enajenar y los pingües beneficios que se han obtenido en una posterior venta en escaso tiempo.

    En el año 2015, con amparo en la conocida como Ley de Mutuas, Ley 35/2014, de 26 de diciembre, texto no negociado ni acordado con los agentes sociales, la Administración del Partido Popular forzó la venta con plazo de caducidad de las “sociedades de prevención” adscritas al patrimonio histórico de las mutuas. Recursos estos últimos que aunque privados están condicionados a fines para la colaboración con la Seguridad Social. Comisiones Obreras solicitamos en todo momento que se garantizase el servicio de calidad en la prevención de riesgos laborales y por consiguiente el mantenimiento del empleo. Opciones que debían anteponerse a cualquier criterio economicista.

    El Tribunal de Cuentas ahora evidencia que hubo negligencias en el control de la Administración Pública sobre el proceso de venta de esas participaciones de las mutuas en las Sociedades de Prevención. Se ponen de manifiesto presuntas actuaciones sospechosas donde en alguna mutua sus directivos formaron empresas intermediarias con el único fin de la adquisición de las participaciones en la Sociedad de Prevención y en un corto espacio de tiempo vender las mismas a entidades de sanidad privada o a fondos de inversión, éstos que actúan con el único interés de rentabilizar y obtener beneficios económicos a corto plazo; de ahí que se lea que en algún caso se dieron algunos “pelotazos” pues los beneficios de esas acciones se cuadruplicaron en escasos meses, en ganancia para los directivos y en perjuicio de los intereses de la Seguridad Social.

    Desde CCOO denunciamos cualquier uso indebido de recursos públicos. Más cuando se detraen de servicios para la colectividad con el fin de enriquecer patrimonios privados. Pedimos que si en este caso hay indicios delictivos, la fiscalía actúe con rigor y rapidez. Ya que las experiencias en acciones presuntamente irregulares en las mutuas avanzan siempre con excesiva lentitud y sin la contundencia debida.

    En Comisiones Obreras estamos preocupados por los incrementos incesantes de los accidentes de trabajo más graves y mortales, aún en los momentos de menor actividad que han coincidido con la pandemia. El sindicato no ha dejado de mostrar inquietud por la escasa inversión en prevención de riesgos laborales que realizan las empresas españolas y la deficiente calidad de algunos servicios de prevención. Actividad totalmente mercantilizada, ajena a la intervención y al control público más allá de la acreditación para el ejercicio como servicios de prevención ajeno.

    La actividad preventiva, que nunca debió salir de la esfera pública, está en peligro por constituirse oligopolios y por la competencia desleal entre operadores en la captación de clientes a base de empeorar las condiciones de trabajo del personal empleado y lanzar ofertas de bajo coste, sobre todo para la realización de reconocimientos médicos, que ni son efectivos en la detección precoz de alteraciones de salud ni en el diagnóstico de sospecha de enfermedades profesionales.

    Como nos ha revelado la I Encuesta sobre Condiciones y Cargas de Trabajo en los Servicios de Prevención Ajenos, elaborada por CCOO, resulta tremendamente llamativo que más del 89% del personal técnico de los Servicios de Prevención afirme que le resulta imposible atender la carga de trabajo asignada, mientras que el 82% del personal sanitario denuncia que su carga no se calcula conforme al Real Decreto 843/2011, que las rige. Dato preocupante ya que existe una escasez crónica de profesionales médicos y de enfermería del trabajo debido a las escasas ofertas de plazas MIR y EIR y que el nicho de empleo, hoy tan poco cuidado, no les resulta atractivo a los estudiantes.

    Desde el sindicato pedimos que se actúe con rigor en la depuración de responsabilidades y se haga una apuesta decidida en la próxima Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para reflexionar en los fallos del vigente modelo de prevención de riesgos laborales y corregir las carencias.

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