Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 30 junio 2024.

REVISTA TRABAJADORA ONLINE

Sociedad/ Políticas públicas en igualdad y contexto político actual, de Cloti Iborra i Alcaraz

    14/05/2024.
    Detalle de la portada de la guía de la FEMP.

    Detalle de la portada de la guía de la FEMP.

    LAS POLÍTICAS PÚBLICAS de igualdad deben establecer estrategias para superar los obstáculos detectados para que las mujeres tengan efectivamente las mismas oportunidades que los hombres en la vida política, social y económica, pues aunque esté reconocida la igualdad ante la ley, no existe aún la ansiada ‘igualdad real y efectiva’. De esto se trata, de que la igualdad formal se convierta en igualdad real.

    En el ámbito laboral se constata, cada mes con los datos del desempleo y anualmente con los estudios que se realizan desde CCOO, que aunque las mujeres son la mitad de la población, aún no son la mitad de las personas trabajadoras.

    Hay más mujeres en edad de trabajar que hombres pero la tasa de actividad y de empleo femenino es menor que la masculina, además las mujeres tienen mayor tasa de parcialidad y mayor tasa desempleo. Más de la mitad de la población parada son mujeres.

    Los datos constatan que las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres, pero se observan en la evolución del mercado de trabajo de los últimos tiempos algunos datos que muestran que es necesario seguir apostando por políticas públicas y por medidas de acción positiva. La tasa de empleo femenina aunque sigue siendo inferior a la masculina, en la última década se ha incrementado y la tasa de paro femenina ha disminuido respecto al año anterior y, además, la distancia entre ambos sexos ha disminuido.

    Las políticas públicas en igualdad son necesarias porque funcionan, pero requieren tiempo, constancia y compromiso político. Eliminar o recortar en políticas públicas en igualdad es frenar cualquier avance conseguido en la consecución de la igualdad real y efectiva y, en estos momentos, existe un contexto político que amenaza este objetivo. En principio, todos los poderes públicos deben diseñar y aplicar políticas públicas para la igualdad, haciendo así efectivo el derecho constitucional de igualdad entre hombres y mujeres, siguiendo los criterios generales establecidos en el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

    En el contexto político actual se observa con preocupación cómo se están deteriorando las políticas de igualdad. La estrategia política en algunas comunidades autónomas y en algunos municipios gobernados por la derecha y la ultraderecha es eliminar directamente las consejerías o concejalías de Mujeres o Igualdad, o bien cambiar el nombre e incluirlas dentro de otras macro-áreas.

    El Gobierno autonómico de Extremadura ha suprimido su Consejería de Igualdad y ahora es la Secretaría General de Igualdad y Conciliación y La Rioja también ha pasado de tener una consejería a una Subdirección de Igualdad dentro de una Dirección General de Servicios Sociales e Igualdad.

    En Baleares, del Consell de Mallorca desaparece de forma específica el área de Igualdad y ahora forma parte de una macro-área sin responsable directo y el Instituto Balear de la Dona depende ahora de la Conselleria de Familias.

    A nivel de política municipal, se observa la misma estrategia. Algunos ejemplos; en el Ayuntamiento de Castellón se eliminó la Concejalía de Feminismos y LGTBI, en el Ayuntamiento de Palma desaparece la concejalía y se crea un Área delegada de personas mayores, interculturalidad e igualdad de oportunidades, en el Ayuntamiento de Logroño también desaparece la concejalía de Igualdad, que ahora se llama Área de Gobernanza, Igualdad y Portavocía y en esta línea de crear macro-áreas e incorporar la igualdad como un asunto más les siguen otros municipios. No en vano, se han creado muchas concejalías de Familia. No se sabe a qué familia se refiere, pero se puede intuir.

    En el Ayuntamiento de Alicante han optado por hacer desaparecer la Concejalía de Igualdad, que ahora se llama de Bienestar Social, han recortado presupuestos para la implantación de políticas feministas y han apostado por crear una ‘Oficina de asistencia para la maternidad’ que ha tenido la resistencia del movimiento feminista alicantino y valenciano pues lo que subyace es dificultar el derecho al aborto.

    Actualmente, en la ciudad de Valencia, las políticas públicas en igualdad han sido eliminadas de la Fundación Valencia Activa. Hasta el momento al Gobierno municipal le importaban la calidad en el empleo y las personas desempleadas, de las que un 60% aproximadamente son mujeres. Ahora, el concejal Delegado de Empleo y Formación de VOX, con el apoyo del PP, ha borrado de un plumazo cualquier referencia a las políticas de género ante el estupor y la oposición de sindicatos y patronal.

    El compromiso de las entidades

    LA GUÍA para la gestión de las políticas locales de igualdad en los Gobiernos locales de municipios de menos de 10.000 habitantes, elaborada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), recomienda: “La política local de igualdad debe ser un eje de la política local y por esa razón, la gestión de la misma debería situarse lo más cercana a la Alcaldía o a la Presidencia del Gobierno local. Puede depender de una concejalía de Igualdad o de Mujer, pero de tal modo que se le reconozca su capacidad para influir en el resto de las políticas y se le dote de suficiente prestigio, reconocimiento político y público, mostrando así el grado de compromiso de la entidad con la igualdad“. Si nos atenemos a ello, cabe suponer que en los municipios donde expresamente no se contempla concejalía alguna, el compromiso de la entidad es nulo.

    Donde se contempla la igualdad, pero se agrupa en grandes áreas parece que se quiera diluir en otras materias, más específicamente en el ámbito de los Servicios Sociales o Familia, diluyendo su importancia y anulando su capacidad transformadora.

    No solo se redefinen los organigramas de las administraciones públicas poniendo en peligro las políticas públicas en igualdad sino que también se pone en peligro contenido político de los acuerdos de gobernanza entre partidos. Por ejemplo, en la Comunidad de Aragón y en la Comunitat Valenciana, en sus pactos de coalición, han evitado los conceptos de ‘violencia machista’ o ‘violencia de género’ y usado el término ‘violencia intrafamiliar’, con todo lo que supone, pues el lenguaje es cómplice y visibiliza posiciones políticas.

    Por otra parte, no se trata solo, aunque es necesario, de tener consejerías y concejalías que se ocupen expresamente sino también de disponer de los medios (presupuestos y recursos) para poder llevar a cabo medidas que corrijan o eliminen aquellas discriminaciones que limitan la oportunidad de acceder y desarrollarse en igualdad en cualquier ámbito: político, social, económico, cultural, afectivo, educativo, etc.

    La coordinación entre administraciones públicas, la gestión eficaz de los recursos y la evaluación de las políticas y medidas de igualdad llevadas a cabo son elementos imprescindibles para una buena aplicación de las políticas públicas. Pero para poder evaluar estos elementos se necesita cumplir el principio de transparencia de la actuación de los poderes públicos.

    Ante este escenario, existen serios riesgos de retrocesos en materia de igualdad y muchas personas no están dispuestas a permitirlo. Ni un paso atrás en nuestros derechos.

    Cloti Iborra (@ciborra_cloti) es secretària de Dones i Igualtat de CCOO del País Valencià (@ccoopv).

    Revista Trabajadora, n. 82 (mayo de 2024).

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