Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 30 junio 2024.

REVISTA TRABAJADORA ONLINE

Diversidad sexual y de género/ Comunidad de Madrid. Punta de lanza de las políticas LGTBIfóbicas de la derecha extrema, de Manuel Rodríguez Nuñez

    14/05/2024.
    Detalle de uno de los carteles llamando a la movilización en Madrid.

    Detalle de uno de los carteles llamando a la movilización en Madrid.

    DE LAS 15 Comunidades Autónomas que desde 2012 han ido desarrollando leyes LGTBI o trans, Madrid es la primera (y única, de momento) que recorta las suyas tras las reformas aprobadas en diciembre de 2023 en el parlamento regional según la Ley 17/2023, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley 18/2023, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral Contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid.

    A pesar de las movilizaciones de entidades, organizaciones, partidos políticos y sindicatos, entre ellos CCOO, el Gobierno presidido por Ayuso hizo caso omiso a la sociedad civil organizada y pasó el rodillo en la Asamblea de Madrid para aprobar modificaciones en las leyes autonómicas que suponen un grave retroceso en los derechos humanos de las personas LGTBI.

    El Gobierno del PP, obviando a la hora de legislar la normativa europea y estatal, se considera burdamente exenta de su cumplimiento, así en los nuevos textos no existe ninguna referencia a la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI y se eliminan referencias al marco europeo que son de obligada aplicación.

    Para ceñirme al espacio disponible me voy a centrar en cinco de las modificaciones realizadas: identidad sexual y expresión de género, menores trans, la participación de la sociedad, el ámbito educativo y los medios de comunicación, pero no quiero dejar de mencionar las eliminaciones de la inversión de la carga de prueba y la evaluación de impacto normativo sobre identidad o expresión de género en la normativa de la Comunidad de Madrid.

    En el nuevo texto desaparecen la identidad sexual y/o de género y el reconocimiento del derecho que todas las personas tienen para autodefinirse respecto a su cuerpo, sexo, género y orientación sexual. Una medida que va a provocar la pérdida de derechos, incontables dificultades, barreras cotidianas, microdiscriminaciones, etc., entre ellas la atención médica, generando un sufrimiento innecesario a lo largo de toda la vida de la personas trans. La nueva norma impone, como requisito indispensable, un informe psiquiátrico para que las y los menores trans puedan iniciar los tratamientos hormonales. Una medida patologizante y que atenta contra su intimidad. Los cambios introducidos evidencian un desprecio absoluto a las entidades, organizaciones y asociaciones que llevan años comprometidas en defensa de los derechos de las personas LGTBI. No solo desaparece el Consejo LGTBI, nunca constituido, sino que ya no se contará con ninguna organización de ningún tipo para las actuaciones de promoción y defensa de los derechos o para la realización de campañas de sensibilización a la sociedad. Como el Gobierno no las realiza, desaparecerán. Además, el Gobierno madrileño, ha hecho desaparecer de los planes educativos las medidas y pedagogías necesarias y adecuadas para fomentar una escuela inclusiva y respetuosa con la diversidad existente. Y como lo que no se cuenta no existe, se ha eliminado toda referencia al compromiso de la Administración regional para fomentar la autorregulación de los medios de comunicación para evitar la discriminación en los contenidos informativos y en la publicidad emitida.

    Las modificaciones no solo tienen un claro componente lgtbifóbico, si no que en determinados aspectos vulnera la Constitución Española e incumple claramente la mencionada ley 4/2023. De momento, el Defensor del Pueblo ha presentado un recurso, que ya ha sido admitido por el Tribunal Constitucional (TC), y el Gobierno español ha anunciado que recurrirá ante este tribunal si no se modifican determinados aspectos de las leyes. El Gobierno madrileño ha aceptado participar en una comisión bilateral para analizar posibles discrepancias con la ley estatal. Esperemos que esta presión de resultado y obliguen al Ejecutivo madrileño a dar marcha atrás en los recortes aprobados. Otros Gobiernos regionales miran de reojo…

    Manuel Rodríguez (@limianosanabria) es secretario de Políticas Sociales y Diversidad de CCOO de Madrid (@CCOOMadrid).

    Revista Trabajadora, n. 82 (mayo de 2024).

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