Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 30 junio 2024.

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Diversidad sexual y de género/ Cambios registrales y fraudes de ley, de Isidra Baides Boutureira

    14/05/2024.
    Fotografía de Txefe Betancort.

    Fotografía de Txefe Betancort.

    HA TRANSCURRIDO más de un año desde que entró en vigor el derecho de autodeterminación de las personas trans mediante la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas regulado en la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Según datos del Ministerio de Justicia, un total de 5.139 personas solicitaron un cambio en el Registro Civil, cuatro veces más que en 2022. La mayoría de quienes lo solicitaron fueron varones, un total de 3.160: el 61,49% del total frente a un 38,51% de mujeres. Sin duda hubo una avalancha inicial tras la entrada en vigor de una ley que, conforme a las normas europeas e internacionales sobre derechos humanos, garantiza la no discriminación por cuestiones relacionadas con la identidad de género y avala la despatologización de las personas trans, entre otros muchos temas.

    Cometen fraude de ley las personas que burlan la finalidad de una norma para beneficiarse de la adquisición de una serie de derechos o beneficios como, por ejemplo, medidas de discriminación positiva hacia las mujeres previstas en el ordenamiento jurídico o bien eludir procedimientos de violencia de género, etc… Algunos jueces encargados de las oficinas de Registro Civil han denegado en sus autos solicitudes de rectificación registral porque el derecho de autodeterminación sexual se reconoce únicamente a las personas trans, las titulares del derecho. Especial mención merece la actuación de Matías Martínez, un juez de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), que denegó la rectificación registral en seis autos al apreciar: “Intenciones espurias” en los solicitantes, hombres que pretendían beneficiarse de medidas de discriminación positiva como, por ejemplo, ascender en su carrera profesional.

    Pero no siempre existen los recursos materiales y humanos suficientes para celebrar las audiencias previstas en la ley ni tampoco se ha dictado por parte del Ministerio de Justicia o la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública una instrucción que establezca los criterios a seguir como sí ha ocurrido en otros ámbitos como son los matrimonios de conveniencia.

    Tampoco se ha llevado a cabo ningún plan de formación específico al personal de la Administración de Justicia como contempla el artículo 12 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que permita un mejor desempeño de su actividad en beneficio de las personas trans y que éstas puedan hacer uso de los derechos que tanto les ha costado alcanzar.

    Con la experiencia del personal del Registro Civil -y a través de la Representación Legal de Trabajadoras y Trabajadores (RLPT) de CCOO- tras un año de la entrada en vigor de la ley de autodeterminación, la escasez de recursos humanos, la falta de formación y la inexistencia de la reclamada instrucción por parte del Ministerio de Justicia están haciendo más difícil la tramitación de los procedimientos. Debería también mejorarse el sistema informático DICIREG (plataforma adaptada al nuevo modelo de Registro Civil), que permitiría controlar la existencia de denegaciones previas de rectificaciones registrales de sexo. Las deficiencias denunciadas desde la RLPT de CCOO para la tramitación de expedientes y la escasa implantación y/o uso a nivel estatal suponen que una misma persona con ánimo de burlar la ley pueda acudir a varios registros civiles hasta conseguir su propósito y que, en caso de denegación, pueda ser sancionado por fraude de ley.

    Por último, es necesaria la actuación de los poderes públicos frente a los discursos tránsfobos (en medios de comunicación, en redes sociales, etc…) que buscan ridiculizar tanto a la ley como al colectivo trans, dando voz a personas que alardean de su conducta delictiva sin pudor alguno.

    No se puede renunciar al reconocimiento de derechos fundamentales de una parte de la población por miedo a la comisión de fraude de ley por una minoría.

    Isidra Baides (@i_baides) es secretaría de Medio Ambiente, Igualdad y Movimientos Sociales de la Federación Estatal de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (@FSCdeCCOO).

    Revista Trabajadora, n. 82 (mayo de 2024).

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