Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 30 junio 2024.

EL PACTO VERDE EUROPEO ANTE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA

    04/06/2024.
    Pacto verde europeo

    Pacto verde europeo

    El debate público sobre las políticas de la transición verde -y en particular, el Pacto Verde Europeo- tiene una relevancia, tanto en nuestro país como en el conjunto de la UE-27, en el marco de las próximas elecciones europeas que en España se celebrarán el 9 de junio.

    La UE apostó por diseñar un “European Green Deal” (Pacto Verde Europeo) con el objetivo de transformar la UE en una “sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en el que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos”. Este Pacto Verde, presentado por la Comisión Europea en 2019, se configura como un paquete de iniciativas políticas que incluye la Ley del Clima Europea, la Estrategia de adaptación al cambio climático, la Estrategia sobre la biodiversidad, la Estrategia Industrial Europea, Plan de Economía Circular, de agricultura, finanzas sostenibles, Transición Justa, entre otras.

    Si la UE quiere cumplir con los objetivos climáticos para 2030, es necesario que en la próxima legislatura se acelere la implementación de las normativas ya aprobadas, de forma armonizada a nivel nacional y garantizando su cumplimiento. Así como, plantear nuevas medidas para alinear a la UE con el objetivo climático para 2040 que se negociará tras las elecciones de junio 2024. Para ello, resultará clave la movilización de más inversiones públicas y privadas, ya que según un estudio del Institute for Climate Economics, el déficit de inversión climática para alcanzar los objetivos de 2030 es alrededor de 406 mil millones de euros al año (un 2,6% del PIB de la UE).

    No obstante, el desarrollo de las iniciativas políticas incluidas en el Pacto Verde Europeo están condicionadas por diversos motivos. Así, por un lado, el Consejo Europeo acordó el 22 de diciembre de 2023 -y con el objetivo de aplicarlo a partir de 2025- la “Reforma del marco de la gobernanza económica de la UE”, planteándose una vuelta a las reglas de fiscalidad que imponen unos límites estrictos a los niveles de déficit público y de deuda de los Estados miembros.

    Las nuevas restricciones impuestas pueden tener un impacto significativo en las políticas de inversión pública que, tal como plantea la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en el documento “Reforma de la gobernanza económica: Prioridades de la CES contra la austeridad y a favor de las inversiones” -adoptado en la reunión del Comité Ejecutivo de 26-27 de marzo de 2024-, no solo va a perjudicar a los recursos destinados a materias de ámbito social sino también aquellas destinadas a consolidar las necesarias transiciones verde y digital.

    A esto se suma un escenario político caracterizado por el auge creciente que ha experimentado la extrema derecha en la UE, y cómo está condicionando las posiciones de los partidos conservadores tradicionales en materias como inmigración o las políticas de transición verde. En este sentido, los datos estadísticos reflejan cómo la extrema derecha ha ido avanzando. El voto en Europa a la derecha radical en 2004 era del 6%, a partir de la crisis migratoria siguieron al alza alcanzando el 11% de los votos, hasta la actualidad, donde en 2022 llegó al 17%.

    En este día internacional del Medio Ambiente hay que recordar que España y Europa están en estado de emergencia climática. Porque las consecuencias de la crisis ecológica ya están desencadenando problemas, olas de calor cada vez más frecuentes, sequías y precipitaciones extremas, crisis de biodiversidad e invasión de vectores y especies invasoras.

    Hay que recordar que España es un país vulnerable y esa conciencia del problema debe ser importante a la hora de elegir nuestra papeleta en las elecciones del próximo domingo 9.

    Hay partidos que quieren imponer un retroceso en los avances sociales conseguidos a nivel europeo en diferentes ámbitos -derechos laborales, migraciones, igualdad de género y diversidad, medio ambiente-. A modo de ejemplo, en el programa electoral de VOX de las elecciones generales de 2023 afirmaban rotundamente querer abandonar los “acuerdos lesivos para la soberanía energética de España y en detrimento del interés general”, como el Acuerdo de París, querer derogar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y suspender cualquier “norma climática impuesta por las élites globalistas”.

    Asimismo, capitalizan políticamente el descontento y el rechazo social de los grupos de población más vulnerables y los territorios más afectados por las medidas de lucha contra el cambio climático. La extrema derecha vende “seguridad” y “protección” frente a los costes que implican la transición verde en términos sociales y territoriales.

    En este escenario, el papel de la sociedad y del sindicato es especialmente relevante para garantizar una transición justa e inclusiva fortaleciendo la dimensión social de las políticas de transición verde y afrontar sus costes adversos -personales, sociales, territoriales-. Para CCOO y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) el futuro pasa por defender la aprobación de una Directiva de Transición Justa que anticipe y gestione de forma equilibrada los cambios y sus efectos así como una revisión del marco de gobernanza económica que no suponga la vuelta de la austeridad y de margen suficiente a los Estados para aumentar las inversiones necesarias para la transición verde justa.

      •