Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 15 noviembre 2024.

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REVISTA "TRABAJADORA", N. 83 (JULIO DE 2024)

Por el Mundo/ Mi voz, mi decisión, de Kika Fumero

    Medio millón de firmas en 45 días: ¡esto no acaba aquí!

    10/07/2024.
    Cristina Fallarás, Kika Fumero y Luciana Peker en uno de los actos de Mi Voz, Mi Decisión.

    Cristina Fallarás, Kika Fumero y Luciana Peker en uno de los actos de Mi Voz, Mi Decisión.

    NIKA Kovač, líder europea de la iniciativa ciudadana europea My Voice, My Choice (Mi Voz, Mi Decisión, en España) explica en un artículo en Público cómo surge la idea de esta iniciativa. Para ella, todo comenzó en el verano de 2022, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó la sentencia de Roe contra Wade, que había establecido jurisprudencia durante casi 50 años. Esta sentencia garantizaba a las mujeres el derecho a decidir sobre su embarazo durante los primeros tres meses. Sin embargo, con la decisión del Supremo, las mujeres de Arizona se encontraron con la reactivación de una ley de 160 años de antigüedad que prohibía completamente el aborto en ese Estado.

    A partir de este hecho, y conocedora de la herramienta que suponen las iniciativas ciudadanas europeas, Kovač comenzó a mover los hilos necesarios para conseguir financiación y construir un equipo a nivel europeo que impulsara un objetivo común: hacer que las instituciones europeas escuchasen a las mujeres. Para ello se necesitaba reunir 3 requisitos: conseguir que asociaciones y activistas de al menos 8 países estuvieran dispuestas a firmar la iniciativa y presentarla ante la Comisión Europea; conseguir que al menos 7 países alcanzaran el umbral mínimo de firmas establecido para su territorio; y, por último, reunir el millón de firmas que requiere como base cualquier iniciativa de este tipo. Inicialmente fueron ocho los países que firmaron (Cristina Fallarás y yo misma representando a España) y ocho fueron los países que lograron este hito, el nuestro entre ellos.

    Hace tres meses, hablar del aborto en España parecía algo innecesario porque ya existía el derecho garantizado desde 2010, y reforzado y ampliado con la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero. Sin embargo, la realidad revela las dificultades a las que nos enfrentamos las mujeres para acceder al aborto en un país en el que se sobreentiende que es un derecho conquistado.

    El surgimiento de Gobiernos autonómicos ultraderechistas está provocando la pérdida de derechos fundamentales que atentan contra nuestra dignidad, que nos hurtan la necesaria reparación, el desarrollo de nuestra personalidad y la planificación de nuestras vidas, además de la información veraz y la relevancia social… Todos ellos han sido atacados en distintas comunidades autónomas a través de derogaciones de distintas leyes (de memoria histórica, del medioambiente o de derechos para las personas LGBTI+); mediante la eliminación de las áreas destinadas a asistir, proteger y reparar a las víctimas de violencia de género; la financiación de grupos y asociaciones antiabortistas con dinero público, e incluso, permitiendo el acoso en las puertas de acceso a las clínicas donde se practica la interrupción voluntaria de embarazos a las mujeres que se disponen a ejercer su derecho al aborto. Obvian los distintos fallos del Tribunal Constitucional; entre ellos, aquel que avala el acoso como delito. No les importa: la ultraderecha parece estar por encima de la Justicia.

    Cuando estos grupos extremistas de la derecha nos acusan de poner en práctica lo que llaman ‘políticas de la muerte’, en realidad lo que intentan camuflar son las medidas que ellos mismos diseñan. Porque ‘políticas de la muerte’ son aquellas que atentan contra la salud física y psíquica de las más de 20 millones de europeas que no tienen acceso al aborto seguro y gratuito. El aborto no se puede prohibir. Las mujeres hemos abortado siempre. Lo que sí pueden prohibir es el aborto ‘seguro y gratuito’, condenándonos, de ese modo, a convivir con enormes secuelas físicas y psicológicas. Esto en el mejor de los casos porque, en otras tantas ocasiones, lo que produce es la muerte misma. Por tanto, la ‘cultura de la vida’ implica velar por nuestra salud sexual y reproductiva, así como blindar nuestros derechos fundamentales como es el de decidir sobre nuestros cuerpos. No vamos a consentir que tomen las riendas de nuestras vidas, decidan por nosotras o se hagan dueños de nuestra libertad, y trunquen nuestros planes de vida, personales o profesionales.

    Cuerpos, no mercancías de cambio

    OTRO de los pilares en los que se sustenta la ultraderecha (y la derecha que pacta con ella, que ultraderecha es también) se encuentra en la objeción de conciencia, que viene a ser lo mismo que el ‘pin parental’ de la sanidad pública. Equiparar el derecho al aborto con una cuestión ideológica es tergiversar cualquier argumento que vaya a favor de nuestra libertad. Intentan que prevalezca el derecho a la libertad ideológica y religiosa del artículo 16 de la Constitución Española por encima de nuestro derecho a la libertad, a elegir sobre nuestra maternidad, esto es, sobre si queremos ser madres o no. Una vez más, nuestros cuerpos son mercancías de cambio en materia de derechos y nuestras vidas quedan relegadas a un segundo lugar.

    Una sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 abrió la veda a la objeción de conciencia ante el aborto. Se compara así con la objeción de conciencia ante los servicios militares, unos servicios que llevan implícitos el manejo de armas y, por tanto, la posibilidad de matar en situaciones de guerra. Esa es la trampa. Pretenden equiparar el aborto a la muerte. ¡Que no nos engañen! El aborto es un derecho de las mujeres. Prestemos atención y no permitamos que comparen un embrión con una persona, porque estaremos cayendo en la gran trampa de la ultraderecha. Los artículos 29 y 30 del Código Civil español dejan muy claro que el nacimiento determina la personalidad, y que la personalidad (el estatus de persona) se adquiere a partir: “Del entero desprendimiento del feto del cuerpo de la madre”. No antes.

    El derecho a la vida que recoge el artículo 15 de la Constitución Española implica velar por la integridad física y psíquica, la de las mujeres embarazadas, y no dejar que la ideología ni la religión se adueñen de nuestra libertad a la hora de decidir sobre nuestros cuerpos.

    En este sentido, los resultados de las elecciones europeas han sido un auténtico varapalo. En España también. El avance del fascismo en países como Francia, Italia, Hungría, Alemania y Croacia obliga a modificar el argumentario en el que asegurábamos que ‘íbamos por delante’. No, ya nos han pillado: sabemos que más de 20 millones de mujeres en la Unión Europea no tienen acceso al aborto. Ni seguro ni gratuito. Ni acceso siquiera.

    No obstante, hay que celebrar que la ciudadanía europea ha hablado. Medio millón de firmas conseguidas en 45 días es una evidencia clara de su posicionamiento: el aborto es un derecho y no permitiremos que controlen nuestros cuerpos y nuestras vidas. Esto no acaba aquí: seguiremos recolectando firmas hasta llegar al millón para tratar de conseguir que las instituciones europeas se pronuncien.

    Nada de esto hubiera sido posible en el Estado español sin todas las asociaciones y plataformas de feministas, ONGs, fundaciones, sindicatos, representantes o cargos políticos, profesionales de distintos sectores relevantes de la sociedad, así como distintas personalidades e influencers que se han unido a un movimiento que ha resultado imparable. Desde el Tren de la Libertad en 2014 hasta Mi Voz, Mi Decisión en el presente año 2024, la sociedad sigue gritando a una: “¡Nosotras decidimos!” Y así será.

    Kika Fumero (@KikaFumero) es portavoz y coordinadora del movimiento Mi Voz, Mi Decisión (@mivozmidecision) en España y asesora en políticas públicas en igualdad, violencia de género y derechos humanos.

    Revista Trabajadora, n. 83 (julio de 2024).

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