EL BARÓMETRO de septiembre 2024 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) apunta a la inmigración como el principal problema que tiene España (30,4%), si bien, a nivel personal los problemas identificados son: la crisis económica y de índole económica (30,2%), la sanidad (17,1%) y los problemas relacionados con la calidad del empleo (16,5%). Esta diferencia entre lo colectivo y lo personal parece indicar que la migración no resulta tan problemática para la ciudadanía como pretenden poner de manifiesto diversos mensajes políticos además de las noticias que, de forma constante, lanzan los medios de información.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población de España en 2022 ascendía a 47.475.420 personas, de las cuales 5.542.932 son extranjeras (12%). La procedencia de esta población principalmente es la Unión Europea (29%) y América (29%); atendiendo al sexo la diferencia entre mujeres y hombres es ligeramente superior para ellos.

Las entidades que atienden a la población migrante en situación irregular, estiman que éstas se sitúan en torno a 500.000 personas (otras aumentan esta cifra hasta las 700.000), el 81% del total del colectivo son personas latinoamericanas, con preeminencia de mujeres, jóvenes y menores. Lejos de esa versión apocalíptica de que las personas migrantes llegan a través de Ceuta y Melilla o que llegan a las costas en pateras, lo más habitual es que la puerta de entrada sea el aeropuerto de Barajas; se trata de población que al finalizar su permiso de turista cae en una situación de "irregularidad sobrevenida".

El conjunto del continente africano aporta aproximadamente el 9% de los migrantes irregulares que residen en España, más de la mitad proceden de un solo país, Marruecos. La tasa de irregularidad del continente africano es tres veces más baja que la de Canadá y Estados Unidos combinados.

Sobre la migración se concentran diferentes teorías. La regulación como efecto llamada, es la primera de ellas. Desde 1986 se han producido nueve procesos de regularización que respondieron de manera práctica a la necesidad de integrar a migrantes irregulares en la sociedad y en la economía formal. De estos, cinco fueron impulsados por el Partido Popular (1996, 2000 y tres programas en 2001) y cuatro por el PSOE (1986, 1991, 1992 y 2005), con un total acumulado de cerca de 1,4 millones de regularizaciones. Diferentes análisis realizados sobre estos procesos regulatorios han venido a demostrar que ninguna de ellas provocó el denominado “efecto llamada” que a menudo utilizan sus detractores, mientras que si tuvo impacto al permitir a las personas migrantes acceder a la economía formal. El caso del empleo doméstico es paradigmático, el número de afiliadas a la Seguridad Social con contratos asociados a los servicios del hogar (incluidos en los contratos de régimen especial) casi se triplicó, para pasar de 60.000 a 160.000 afiliadas.

Otra consecuencia de la regularización es que las personas migrantes empiezan a pagar impuestos sobre la renta. Los últimos estudios realizados muestran que, a escala provincial, los ingresos por impuestos sobre la renta aumentaron en 4.189 euros por cada nueva persona migrante regularizada.

La clandestinidad es una fuente de explotación laboral y de abusos, situación de la que se hacen eco algunas de las últimas noticias aparecidas en prensa: Detenido un empresario agrícola por explotar a migrantes irregulares en Valladolid; Desmantelado un chalet en La Rioja que alojaba a migrantes para explotarlos laboralmente; Explotación laboral en la vendimia riojana: liberadas 60 personas migrantes que vivían hacinadas y maltratadas en un chalet.

La segunda teoría que se abraza es la de la delincuencia. Sin embargo, frente a los mensajes del aumento de la delincuencia motivada por la llegada de población migrante, los datos desmontan dicho argumento. Según el INE, de los 403.194 delitos cometidos en España en 2023, el 20% fueron realizados por personas originarias de África, América, Asia y Oceanía mientras que el 72% de los delitos fueron cometidos por personas de origen español.

La tercera teoría se centra en la sanidad.La necesidad de sostenibilidad financiera en plena crisis económica de 2012 fue uno de los principales argumentos en los que se apoyó la reforma del Sistema Nacional de Salud (SNS) vía Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Para recortar gasto sanitario, esa normativa limitó la atención pública a población extranjera no registrada ni autorizada a tres tipos de pacientes: personas que acuden a Urgencias por enfermedad grave o accidente, asistencia al embarazo, parto y posparto, y a menores de edad.

Hay estudios que confirman que la cobertura sanitaria plena a migrantes sin permiso de residencia apenas tiene impacto económico: no sólo es que no supone un gasto mayor que la asistencia a población española, sino que el coste es incluso menor. Esta situación se explica porque las y los migrantes que vienen a España son, de media, jóvenes razón por la cual tienden a sufrir menos problemas de salud, y barreras como el idioma o la precarización de su trabajo les lleva a ir menos al médico que cualquier nacional.

Niños, niñas y adolescentes

LA CUARTA teoría en auge se refiere a Menores Extranjeros No Acompañados (MENA):niños y niñas y adolescentes menores de dieciocho años, migrantes procedentes de un Estado al que no le sea aplicable el régimen de la Unión Europea, que se encuentran lejos de sus progenitores y que tampoco están bajo el cuidado de ninguna persona adulta. Para referirse a estos menores se utiliza el acrónimo MENA que, surgiendo del ámbito jurídico, ha adquirido una connotación negativa y deshumanizadora.

Sobre estos menores se han difundido diferentes informaciones que, falsamente, tratan de convertirles en responsables de distintas situaciones. La primera que “no quieren trabajar”. La realidad es que al cumplir la mayoría de edad pasan a enfrentarse a una “emancipación forzada”, sin medidas efectivas que garanticen su integración en el mundo laboral. Muchos y muchas demandan un permiso de trabajo desde los 16 años, permiso se ha estado concediendo de forma excepcional y solamente si su centro o tutora o tutor lo demandaba ante la Delegación de Gobierno.

El Real Decreto 903/2021 establece que la concesión de la autorización de residencia habilitará para el ejercicio de la actividad laboral por cuenta ajena en el momento en el que alcancen 16 años de edad, sin necesidad de ningún otro trámite administrativo en materia de extranjería. A fecha de 31 de diciembre de 2023, el Observatorio Permanente de Inmigración (OPI) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, reflejó que el porcentaje de menores y extutelados y extuteladas de 16 a 23 años en alta laboral alcanza el 60%. (Preguntamos al Ministerio de Migraciones sobre las cifras oficiales de niñas y niños y adolescentes no acompañados y acompañadas a fecha de 2024, desagregados por sexo, Para la realización de este artículo, pero no hemos obtenido respuesta).

Niños y niñas y adolescentes no son una carga económica para el Estado y los datos rompen este mito. Según UNICEF, España realiza una inversión en familia e infancia muy por debajo de la media de la Unión Europea, tan solo un 1,3% del PIB, a pesar de tener una tasa de pobreza infantil del 27,4%. Teniendo en cuenta que el PIB de 2022 fue de 1.461.889 millones de euros, el reparto del crédito destinado a la financiación en 2023 de la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados por importe de 20 millones de euros representa una cantidad aproximada del 0,000014% del PIB español.

Hay quienes cuestionan que: “más de la mitad no son menores”: El Comité de Derechos del Niño de la ONU ha condenado a España hasta en 14 ocasiones por someter a los niños y niñas a pruebas de determinación de edad que no se ajustan al Convenio de los Derechos del Niño que el Estado español está obligado a cumplir. Aún con las irregularidades denunciadas sobre las pruebas de determinación de edad, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado del 2023 prevalecen los resultados de minoría de edad.

Por último, tampoco es cierto que “aumenten la delincuencia”. Las estadísticas oficiales muestran que no existe una relación directa entre el aumento de niños y niñas y adolescentes migrantes solos y el índice de delincuencia .Por otra parte, dichas estadísticas únicamente proporcionan datos de menores extranjeros, sin distinguir a los que vienen acompañados de los que no, por lo que resulta complicado realizar afirmaciones que vinculen la infancia migrante que viaja sola y delincuencia.

Parafraseando a Luis Pastor en su poema “ ¿Qué fue de los cantautores?” , ¿Qué hay de las mujeres? Casi la mitad de las extranjeras en España trabajan en empleos no cualificados en sectores como la hostelería y el comercio, donde se enfrentan a condiciones laborales inestables y salarios más bajos que otros grupos. Según el INE, se concentran en sectores feminizados como el cuidado de personas mayores y menores, así como en el servicio doméstico. Su jornada puede llegar a las 80 horas semanales, lo que supone explotación laboral por falta de protección legal en el trabajo. Las migrantes se concentran en las áreas de integración cívica, el trabajo y la violencia de género, mientras que la formación lingüística, la vivienda y la salud reciben menos atención, a pesar de que deberían tratarse con mayor celeridad.

Para saber más:

. Amnistía Internacional: ¿Qué piensas cuando te dicen MENA? Desmontando bulos sobre la infancia migrante no acompañada. 2024

. Echevarria, V.: 8M: Las mujeres y su peso en la inmigración en España.

. Fanjul, G. e Gálvez-Iniesta, I.: Extranjeros, sin papeles e imprescindibles: Una fotografía de la inmigración irregular en España. Investigación por Causa, 2020.

. Fanjul, G. e Gálvez-Iniesta, I.: Cinco buenas razones para aprobar una regularización extraordinaria de migrantes sin papeles. Esenciales, 2022.

. Fanjul, G. et al. Migraciones: Claves para un discurso político humano y eficaz. Fundación por Causa, 2024.

. Gimeno-Feliu, et al. Overuse or underuse? Use of healthcare services among irregular migrants in a north-eastern Spanish región. International Journal for Equity in Health (2021).

Raquel Gómez es socióloga y forma parte del equipo de la Secretaría Confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO.

Revista Trabajadora, n. 84 (noviembre de 2024).